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                                                                                              INFORMAN

 

 

Excma. Cámara:

 

                            MIGUEL ANGEL ALMEYRA y ZENON CEBALLOS, abogados,  por la defensa del Dr. Fernando de la Rúa, en esta causa “De Santibáñes Fernando y De la Rúa Fernando, s/ malversación etc.”, con el domicilio constituido, a V.E. respetuosamente nos presentamos y decimos:

 

 

                            Venimos a producir este Informe en el trámite de la apelación del Ministerio Fiscal en la causa de la referencia, solicitando que se confirme el sobreseimiento dictado a favor de Fernando de Santibáñes, y que sea extendido a favor de nuestro defendido, habida cuenta que fue mencionado en la denuncia presentada por Juan Carlos Iglesias.

 

                            En realidad nuestro defendido, el ex Presidente de la Nación Dr.Fernando de la Rúa, sólo aparece aludido ocasionalmente y en forma tangencial en la denuncia. Allí se dice que “resultaría partícipe....” y que el hecho denunciado se cometió “en consuno” con él calificándolo de  “corresponsable y principal  beneficario”, sin nada que lo justifique o lo sustente.

 

                            Desde luego que en nada se fundamentan tan temerarias afirmaciones. No se describe ninguna conducta que pueda serle reprochada, salvo haber sido Presidente constitucional de la Nación, como si de allí derivara una responsabilidad genérica por todos los actos y hechos ocurridos durante su Gobierno. Hemos visto ya, en otras ocasiones y otros procesos, esta intención de alcanzarlo con una responsabilidad indirecta o mediata por la sola circunstancia de ejercer la primera magistratura del país.

 

                            Es una forma de persecución que se ha desatado contra quienes ejercieron mandatos populares. Es evidente el daño que causa la subsistencia de causas abiertas sin fundamentos ni sustento por lo que fue llamado “mortificación del proceso” por la Corte Suprema Nacional.  Por eso es necesario que se le ponga término. Por eso eso es que seguramente el Ministerio Fiscal no comprendió en sus requerimientos al ex Presidente, ni al pedir la formación de la causa ni al deducir la apelación. El Dr.Fernando de la Rúa aparece como ajeno a los hechos y a la investigación. Sin embargo, al haber sido mencionado en la denuncia, corresponde que se ponga fin a la causa en cuanto pueda afectarlo, haciendo extensivo en su favor el sobreseimiento dictado por el aquo.

 

                            En cuanto al fondo del asunto los argumentos del señor Juez Federal son concluyentes. Se trata de una contratación realizada por la Secretaría de Inteligencia, a cargo entonces de Fernando de Santibáñes, dentro de los límites y en el ámbito de su competencia. No hubo desviación de fondos ni ocultamiento malicioso de su disposición. El contrato fue celebrado como acto administrativo y registrado en la Secretaría así como también en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, país de domicilio de los otros contratantes y donde debía desarrollarse su objeto.

 

                            También son claros los argumentos expuestos por la defensa de Fernando de Santibáñes. Las funciones de inteligencia que la Ley de Ministerios asigna a la Secretaría a su cargo lo facultaban a realizar acciones para lograr información útil en diversos campos de la acción gubernamental y realizar gestiones favorables al interés del país. Son acciones propias de la inteligencia de Estado que le competen y que no se equiparan con la gestión diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores a que alude el Ministerio fiscal.

 

                            En el mundo actual, globalizado e interrelacionado, el Gobierno precisa acciones específicas para defender el interés común. El actual Gobierno, según se ha publicado, contrató no una sino tres empresas para representación y contactos en los Estados Unidos. Es común que los países actúen en ese sentido y que los gobiernos obren así para la defensa del interés general.

 

                            Queda claro que la Secretaría (SIDE) actuó dentro de su competencia. No hay malversación porque no hubo desviación de fondos ni asignación de los recursos a otro propósito que el resultante de las leyes de Ministerios y de Presupuesto. Además el contrato, pese a su carácter secreto como son por naturaleza las actividades de la SIDE, no fue oculto sino que fue registrado y los pagos se hicieron en forma oficial, certificada y controlada. Precisamente por eso se acompañaron a la causa todos los instrumentos respaldatorios.

 

                            Un conflicto entre subcontratistas motivó publicaciones periodísticas que al privar a la gestión de la natural reserva que precisaba y llevó a la cancelación anticipada del contrato. Sin embargo, en el tiempo de su vigencia, sus fines se habían cumplido como lo expone la defensa de Fernando de Santibáñes y lo subraya el señor Juez Federal en el auto apelado. Quedará para determinar los motivos de aquella conducta y de las declaraciones de la titular de la empresa de comunicaciones periodísticas. En todo caso, ello es ajeno al juicio sobre la conducta de quienes fueron denunciados. Sólo sirve para advertir el origen del problema. La denuncia, además, es típico de quienes recogen cualquier nota periodística y la llevan a los tribunales, y sólo pueden aportar la publicación y cronistas que nada agregan.

 

                            Por otra parte, el Dr.Fernando de la Rúa, como Presidente de la Nación, no tuvo participación directa en la celebración del contrato ni en su implementación. En el Estado hay distribución de funciones y roles. En materia penal no existen responsabilidades supuestas o abstractas. Nada se le puede imputar o reprochar. Es tarea del Gobierno impulsar gestiones y acciones para el mayor éxito en las negociaciones comerciales y de política internacional. La concreción de esos actos está a cargo de cada Ministerio o Secretaría. En algunos casos se precisa de decisiones aprobatorias del Poder Ejecutivo en forma de decreto. No es éste el caso. El Dr. De la Rúa no expidió ningún instrumento de ese tipo. El Secretario de Inteligencia tenía las facultades suficientes y obró con legalidad, claridad y transparencia en el marco de sus funciones y de sus facultades propias.

 

                            En el caso ninguna desviación hubo de los fondos que se abonaron. El contrato fue directamente con la empresa contratista. Ésta a su vez hizo subcontratos que son de su sola incumbencia y responsabilidad. El contrato no fue para pagar a terceros ni para atender servicios anteriores  como los prestados por el señor Dick Morris en la campaña electoral. No había ninguna obligación ni deuda subsistente al respecto. Es totalmente arbitrario pretender mezclar las cosas.

 

 

                            Por lo tanto, queda claro que se trató de actos cumplidos por una Secretaría de Estado dentro de su competencia. Que esos actos fueron legales y oficiales, sin que pueda reprocharse ninguna irregularidad. Que el ex Presidente De la Rúa no tuvo intervención  en la formulación de esos actos por ser materia propia de la competencia de la Secretaría. Que por lo tanto, corresponde confirmar el sobreseimiento dictado a favor de Fernando de Santibáñes, y hacerlo extensivo a nuestro defendido.

 

 

                            En su virtud, pedimos a V.E. que tenga por producido este Informe y provea de conformidad, porque

 

 

                            SERA JUSTICIA.