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                                                                                                Informan

 

Excma. Cámara:

 

 

 

                            Miguel Angel Almeyra y Fernando Díaz Cantón, por la defensa del Dr. Fernando de la Rúa, con domicilio constituído, en la causa 103.353/00, a VE respetuosamente decimos:

 

 

 

                                               I

 

 

                            Venimos a producir este Informe en defensa del Dr. Fernando de la Rúa sustentando la apelación contra el auto de procesamiento dictado por el Juez de Instrucción interino Dr. Mariano Bergés.

 

                            Por renuncia de su titular el Juzgado quedó a cargo de otros jueces. Como aquél,  éstos rechazaron sucesivos pedidos de indagatoria del Sr. Fiscal y ordenaron pericias que estaban en trámite. Al ocuparlo el Dr. Bergés, sorpresivamente, dispuso la indagatoria de los funcionarios de la Ciudad y directivos de la Empresa concesionaria. El Dr. De la Rúa fue y pidió la postergación del acto con lo que éste concluyó.  Presentó luego un escrito titulado “Manifiesta”,  que se acompaña.  El señor Juez lo  invocará como indagatoria  para dictar su procesamiento, a última hora del mismo día que cesaba en el interinato. Como verá VE, ni había indagatoria, ni urgencia, ni motivo.

 

                            En ese escrito se resume lo ocurrido, el largo trámite de la causa, la complejidad de la relación contractual, la importancia de una solución para el interés de la ciudad. Advierte que no hay hechos imputados lo que hace imposible defenderse. El Juez habla de “anomalías” pero no de hechos, y el planteo de inconstitucionalidad se desmiente por el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.

 

                            También  expone  que en el difícil marco de los múltiples desafíos del gobierno de Buenos Aires, el de la Autopista era uno de los temas importantes cuyo estudio tuvo a su cargo la Secretaría de Producción y Servicios que llevó adelante complejas negociaciones. Recién a fines de 1998 se llegó a un acuerdo y se dispuso un “reordenamiento contractual” que pusiera orden en la relación entre las partes y permitiera retomar las obras. El Dr. De la Rúa, como Jefe de Gobierno de la Ciudad, por los informes técnicos y jurídicos recibidos, lo autorizó mediante un decreto.

 

                            En su escrito explica que, en base a las propuestas de las áreas competentes, se administró correctamente el tema de la relación contractual con soluciones convenientes para la Ciudad que allí se enumeran, como la reducción del peaje, la  precisión de las obligaciones recíprocas y mejores soluciones técnicas. Las cuentas son las que surgen de informes, dictámenes y auditorías incuestionables, que el gobernante recibe para su decisión. Sobre  un Informe del Centro Argentino de Ingenieros (aun se ignoraba su falsedad) adelanta que no excluye lo razonable de las cifras.  Expresa  con énfasis que no hubo irregularidad, ilegalidad, incumplimiento o cualquier  fraude, perjuicio o connivencia, exhibiendo con orgullo la transparencia de su gestión.

 

 

 

                                               II

 

 

                            El Dr. Bergés dictó una resolución de unas 90 fojas que en realidad sólo son un resumen del expediente, disponiendo el procesamiento y embargo de nuestro defendido.

 

                            Contra ella la defensa dedujo este recurso de apelación en trámite, por diversos motivos, todo lo cual ratificamos y damos por reproducido en este acto.

 

                                    Se funda, en primer lugar,  en la falsedad de la afirmación de que no se auditó ni verificó la inversión de la Concesionaria y que la deuda reconocida no fue controlada ni auditada por ningún órgano  competente.

 

                            Se invoca también la omisión de producir prueba esencial de descargo, como la declaración del Encargado de Áreas Especiales Ingeniero Correia, así como la desacertada afirmación de que con el pago del subsidio de U$S 35 millones se agotó la obligación de la administración con la concesionaria por la obra.

 

                            Un tema específico del recurso se refiere a la invocada “desaparición” de anexos del Reordenamiento Contractual, demostrando la errónea apreciación del Juez.

 

                            Señálase también que hay omisión de prueba esencial al prescindirse de la pericia contable ordenada por los jueces precedentes, indispensable para una decisión objetiva.

 

                            Se impugna por infundada e inadmisible la afirmación de haberse escondido y sustraído a control el tema por la pretendida omisión de dar intervención a la Legislatura “con perjuicio al erario público”, lo que está desmentido por la realidad y por el fallo del más alto tribunal de la Ciudad.

 

                            Se agrega que no existe prueba alguna de la alegada “connivencia”, y que el señor Juez omitió lisa y llanamente considerar las explicaciones de nuestro defendido y  la evacuación de sus citas.

 

                            Por todo ello, se sostiene que no concurren los recaudos del art.306 del CPP, resultando arbitrario, infundado e improcedente tanto el procesamiento como  el embargo dispuestos, por lo que pedimos se revoque lo resuelto.  Asimismo, pedimos se deje sin efecto la resolución que rechaza el planteo de nulidad de la indagatoria y actos consiguientes por la demostrada falsedad del invocado Informe del Centro Argentino de Ingenieros. Hacemos reserva del recurso extraordinario (CN 18) y del de casación.

 

 

                                              

 

 

 

                                               III

 

 

                                  Reiteramos que las casi 90 fojas de la resolución del Dr. Bergés son mera transcripción del expediente. El único fundamento  es el  Informe del Centro Argentino de Ingenieros. Pero lo cita erróneamente  y además no es auténtico. Es un borrador, rectificado  por su Presidente  Ingeniero Roberto Echarte quien acompaña el original. Hubo mala fe del Secretario Abel Fatala y ligereza del Juez al invocarlo. En base a él dice que hay “perjuicio” resultado de una “connivencia”. No hubo ninguna de las dos cosas.

 

                            En primera instancia se desestimó la nulidad de la indagatoria por falsedad de ese Informe, sosteniendo la resolución, que debe revocarse,  que la diferencia por un concepto legal no era esencial. Ocurre que la diferencia entre el borrador y el original no es sólo por la cuestión jurídica sobre si el tema debió enviarse o no a la Legislatura. Esto ya lo resolvió el Superior Tribunal correctamente. No se trata de un nuevo contrato sino de un reordenamiento contractual. La diferencia principal está en las cifras, en grado tal que del cambio resulta que lo reconocido o pagado a la Empresa es menos que lo adeudado, lo que excluye el pretendido perjuicio. 

 

                            Por el Convenio de Reordenamiento Contractual la Ciudad debía pagar a la Empresa el 16.66% de $ 26.069.122  (computando lo que recaudó la Empresa por peaje).   La cifra resultante, NETA DE IVA, es de $ 3.589.335 (16.66% de 26.069.122=4.343.115-21% IVA=3.589.335).

 

                            Lo efectivamente pagado por la Ciudad y cobrado por la Empresa fue $ 2.500.000.  Es evidente que no hubo perjuicio.

 

                            Lo pagado es menor a lo acordado. Lo pagado es menor a lo debido.

 

                            Aun según el Informe del CAI no ratificado, falso o borrador (o sea, el invocado por el Juez), el crédito a favor de la Empresa y adeudado por la Ciudad,  era del orden de $ 2.960.000, es decir, superior a lo efectivamente pagado.

 

                            Según la versión  oficial o auténtica del Informe del CAI (presentado por el Ing.Echarte) el crédito de la Empresa por el 16.66% es de $ 3.611.000, superior tanto a lo pagado como a lo convenido. Entre ésta y aquélla cifra hay una diferencia del 22%. Es significativa. Permite comparar lo adeudado con lo comprometido a pagar y lo efectivamente pagado.

 

                            Si el crédito de la Empresa, o la deuda de la Ciudad, es mayor a lo pagado, no hay perjuicio. Es falsa la afirmación del auto impugnado de que “se pagó lo que no se debía”.

 

                            Se acompaña copia de las planillas de ambos Informes del CAI. La del primero (no ratificado por su Presidente) se indica como “versión borrador”: la del segundo (auténtico) como “versión oficial”.  Allí se pone de manifiesto la diferencia de  cifras y que tanto en uno como en otro caso el pago fue menor que la deuda. Esto elimina toda posibilidad de perjuicio.

 

                            Estos son los datos que surgen del Informe del CAI en sus dos versiones. Pero  en ambas el Informe adolece, además,  de graves errores.  Lo demuestra  el memorando sobre “Errores de consistencia del Informe del Centro Argentino de Ingenieros” producido por el Ingeniero Gallo que se adjunta y que está incorporado también al escrito de su defensa. De ello resulta que el crédito de la Empresa y lo adeudado a ella por la Ciudad es aun mayor, porque aquél Informe omitió diversos rubros que deben computarse en el cálculo final.

 

 

                            Para la causa es sustancial si había o no crédito de la Empresa, y deuda de la Ciudad. Si se pagó lo que no se debía o si en cambio lo pagado fue inferior a lo realmente adeudado. Y si  fue menor a lo comprometido en el Reordenamiento Contractual. El convenio sólo comprometió el pago del 16.66% de $ 26.069.122 (descontado peaje). Esto es, $ 3.589.385, neto de IVA.  La Secretaría de Hacienda le pagó sólo $ 2.500.000.

 

                            Estas son las cifras a considerar:  a) el primer Informe del CAI cuya cifra de crédito es mayor a lo pagado, b) el Informe auténtico del CAI donde la cifra de crédito es mayor a lo pagado y a lo acordado, c) el resultado de analizar todos los componentes de las cuentas que da una cifra todavía mayor.   

 

                            Lo pagado es, en todos los casos y según todos los cálculos, inferior a lo adeudado y, salvo el primer Informe (no auténtico ni reconocido), inferior también a lo comprometido o acordado. Esto era el 16.66%. El 84.34% restante estaba sujeto al cumplimiento de obligaciones por la Empresa y comprobaciones de la Ciudad. No era líquido y exigible. La Ciudad debía verificar, vigilar y controlar, y en esto incurrió en graves omisiones la Administración Ibarra que por eso alienta esta causa.

 

                            En algún punto se mencionó el pago pese a no existir certificados de obra. El punto está contestado en el Memorando adjunto del Ing. Gallo, punto B, sobre “Errores de consistencia del Informe del Centro Argentino de Ingenieros”.

 

 

 

 

                                               IV

 

 

                            La Defensa pide excusas a VE por la árida descripción de las cifras pero era necesario por la naturaleza de la cuestión. Resulta de ello que no hubo ni pudo haber perjuicio con lo que desaparece cualquier configuración penal. Tampoco hubo connivencia sino que como autoridad legítima de la Ciudad el Dr. De la Rúa adoptó una decisión administrativa dentro de su competencia. Los actos legales de los funcionarios no pueden quedar sujetos a un permanente escrutinio de conveniencia u oportunidad.

 

                            El Dr. Fernando de la Rúa deseaba concurrir a esta audiencia para informar lealmente sobre las circunstancias de su proceder y las razones de su queja. Consideró, empero, que por la repercusión que suele darse a su presencia por las magistraturas que ejerció, podía ser un inconveniente que afectara el sencillo planteamiento jurídico y humano que deseaba hacer. Por eso dejó en nosotros la responsabilidad de fundar el recurso.

 

                            El haber tomado como indagatoria lo que no era , la exhibición de un informe falso, la omisión de pruebas esenciales, la no evacuación de las citas, la ausencia o distorsión de los fundamentos, afecta la defensa (CN 18) por lo que mantenemos la reserva del caso federal y del recurso de casación.

 

                            Se acompaña como documentos anexos:    a) Escrito” Manifiesta” presentado por el Dr. De la Rúa ante el juez Dr. Bergés,   b) dos planillas de ambos informes del CAI para permitir comparar las cifras,   c) memorando del Ing. Gallo sobre “Errores de Consistencia del Informe del CAI”,   d) texto elaborado para información de terceros en defensa de la honestidad de la gestión, distribuido por la Web bajo el título “Autopista Illia. Preguntas y respuestas para una ayuda memoria”,  con un escrito de la defensa del Ingeniero Nicolás Gallo que le es atinente.

 

                            Esta es una causa extensa y compleja, referida a hechos de tiempo atrás, propios del ejercicio del Gobierno, legítimos y convenientes. Esta defensa quiere hacer breve lo difícil, convencida de la comprensión de VE.  Por eso, con lo expuesto, considera fundada la apelación, y pide a VE que declare la  nulidad de la indagatoria y del procesamiento de nuestro defendido y a todo evento que  revoque la resolución  en todas sus partes.

 

 

 

                            POR SER JUSTICIA.