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                                                                           Manifiesto.

 

 

Señora Juez Federal:

 

FERNANDO DE LA RUA,  con el domicilio de autos, con motivo de la citación a prestar declaración indagatoria, a V.S. MANIFIESTO:

 

Vengo a presentar las siguientes consideraciones  como parte de mi declaración. Ratifico expresamente lo que  dije en mi escrito “Expone” agregado a la causa, donde relato y explico los hechos de esos días.  En especial reitero la reflexión final sobre la importancia de investigarlos  y descubrir la verdad para saber quiénes incurrieron en excesos o quiénes armaron el brazo de los responsables. “Se reclama –decía- averiguar quienes movilizaron grupos violentos para alcanzar objetivos políticos, y quiénes puedan haber actuado al margen de la legalidad en la tarea policial”, señalo “el esfuerzo y vocación de legalidad de todos los integrantes de mi Gobierno y sus dependencias” y que llego ante la señora Juez “con el máximo espíritu de colaboración” porque “la verdad y la justicia son esenciales”.

 

Concurro a declarar  por una citación que no debía haberse producido porque como ha señalado la defensa está pendiente el recurso directo ante la Corte Suprema y era fundamental antes recibir prueba a la que preciso referirme para que sea eficaz mi defensa material. Con esto, se me priva de aquél recurso. Quienes impulsaron este acto lo hicieron con la intención de volverlo abstracto  por el cumplimiento del acto que impugnaba, negando así  la garantía del control de constitucionalidad ante un fallo claramente arbitrario. Se obstaculiza también mi defensa al omitirse la recepción anterior de prueba imprescindible cuya importancia y necesidad se expuso. A esto se suma que en su momento fui privado de mi defensor particular  Dr.Virgilio Loiácono.  Ante la privación de esas garantías en violación al debido proceso del artículo 18 de la Constitución Nacional, hago protesta de recurrir en casación y reserva del caso federal (art.14, ley 48), así como de acudir, si la situación persistiera, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Es notoria la presión ejercida por los Fiscales y algunos querellantes para privar a la señora Juez de la libertad de criterio con que debe desenvolverse. El Tribunal actuó con dedicación e inteligencia y debe mantener su posición independiente. Es inadmisible el irrespetuoso agravio  del Sr. Fiscal poniendo en duda los motivos  para  suspender una audiencia, sólo explicable por la posición partidista  que ha asumido, o el escándalo suscitado por el diferimiento de la audiencia.  Cuando los funcionarios actúan así desnaturalizan el sentido del proceso penal.

Esta causa se origina en graves episodios que conmovieron al país y una profunda crisis institucional frente a lo cual hice la contribución de mi propio renunciamiento para superar la situación,  servir a la pacificación y ayudar a la continuidad de las instituciones. Ante un plan para provocar el fin de mi Gobierno, que impedía las soluciones necesarias y  generaba violencia para ahondar  la crisis, con mi renuncia hice posible el reemplazo natural manteniendo el sistema “de jure”  evitando una situación “de facto” que habría aislado a la Argentina. Asimismo, logró que cese la violencia de esos días aunque un tiempo después  reaparecería bajo un nuevo gobierno.  La violencia llegó a asumir un carácter dramático. Pudo verse después lo que fueron los enfrentamientos. La Policía apareció ejerciendo un duro accionar que no registraba antecedentes durante el tiempo de mi Gobierno.

 

Esos episodios tuvieron diversos actores. Lo señalé en mi escrito “Manifiesta” y lo investiga el juez federal Dr. Norberto Oyarbide. Pedí también esa causa como prueba.  Lo reitero. Allí se ha investigado lo que aquí omitieron los fiscales, pese a su  vinculación. Son dos caras de la misma moneda. Los Fiscales investigaron la acción policial pero no el obrar de grupos violentos organizados para provocar una conmoción que sirviera a sus propósitos. Esa grave omisión debe suplirse pidiendo ese expediente. Allí hay testimonios importantes. Hoy acompaño un recorte del diario La Nación del miércoles 9 de Julio de 2003, pág.9, con declaraciones del Sr.D’Elía quien señala a responsables de los saqueos del 20 de diciembre. En aquel expediente  hay muchas  semejantes. Es difícil explicar la renuencia de los señores Fiscales. El tema es  esencial porque estoy llamado a responder por la actuación policial ante “manifestantes pacíficos” según la Cámara, que en contradicción dice que “Con el correr de las horas las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires se transformaron en virtuales campos de batalla en los cuales la Policía intentaba alejar a la gente de la Plaza y los manifestantes arribar a ésta para expresar su descontento con el gobierno”, elocuente cuadro  de  violencia, porque toda batalla tiene dos lados. Reitero  que esa causa sea requerida y se tenga a la vista, en original o copia, para analizarla como parte de mi defensa material. Esto debe ser previo a la indagatoria porque sino ella se verá  privada de un contenido esencial. Igualmente pido que se diligencie la restante prueba ofrecida, o sea  los testigos fundamentales indicados, los informes de la Policía sobre los operativos, el video agregado y la necesaria citación de periodistas y expertos que aparecen en el programa de Punto.Doc, y cuanto propusieron mis defensores  y lo que expresaré por mi parte. Esta realidad debe salir a la luz, para que no se deforme ni el proceso ni la historia. Se debe averiguar por qué se replegó la Policía de la Provincia, y el hoy Ministro West encabeza marchas desde su Intendencia, y quién contrató gente para venir a la Ciudad.

 

En curso la indagatoria, y con el  propósito que siempre tuve de contribuir a esta  importante investigación,  pido que, además de lo mencionado, me sea exhibido lo siguiente: Resolución del Tribunal y oficio al Presidente de la Nación, ambos del 20 de diciembre de 2001.  Recientes fallos de la Sala I de la Cámara Federal sobre el hecho ocurrido en las escalinatas del Congreso nacional la noche del miércoles 19 de ese año y la constitucionalidad del estado de sitio. Los decretos de estado de sitio dictados por el Presidente De la Rúa y el senador Puerta a cargo del Poder Ejecutivo, y su derogación. La Ley de Seguridad Interior y la Ley Orgánica de la Policía Federal. Las pericias que haya en autos. Informe de fs.1605 y siguientes, sobre distintos  operativos policiales.  Que se proyecte el video del programa de Punto.Doc acompañado, así como los videos de Canal 4 Policial y la compaginación de Ojo Obrero citados por la Sala I como prueba. Acta sobre seguridad labrada en el Juzgado el día 20 a la noche.  Las declaraciones que señalo en el texto adjunto y las que indicaré oportunamente. 

 

Niego la imputación en forma terminante. En 1999 después de un claro triunfo electoral en primera vuelta,  asumí la Presidencia con mucha fe pero en condiciones dramáticas para la República, sin presupuesto aprobado, con un déficit doble que el informado, una enorme y acrecida deuda externa e interna, alto desempleo y una recesión sin precedentes. Mi Gobierno hizo enormes esfuerzos para la recuperación. Llegó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se aprobó un aumento del impuesto a las ganancias para equilibrar el déficit sumándolo al compromiso de reducir el gasto, se negoció la distribución de la coparticipación con las provincias  y se prepararon reformas fundamentales. Convocábamos a un gran esfuerzo del conjunto. Hubo resistencias, paros que después no ocurrieron más, inmediatas prédicas negativas inmediatas que llevaron desaliento a la sociedad y los mercados. El peso de la deuda externa creaba desconfianza y había que convivir con ella. Las provincias no bajaban el gasto. Acordamos con el Fondo el “blindaje” pero la proliferación de deudas acumuladas complicó el cumplimiento de las metas ocasionando la renuncia del ministro de Economía ya acosado por la prensa. El intento de suprimir el déficit del nuevo Ministro fue sofocado apenas se lo informó. Una nueva etapa procuró aumentar la inversión y el consumo pero una dura campaña externa e interna contra la capacidad de pago del país incrementó la salida de capitales y encareció el financiamiento. Con escasa conciencia del momento eran legión los que ponían piedras. El programa de déficit cero  era un esfuerzo descomunal lográndose otro aporte  por el apoyo de las grandes potencias. Después de la tragedia de Nueva York el FMI volvió por las suyas y suspendió los libramientos, afectando  a otros préstamos. Exigían un presupuesto equilibrado que el Congreso no quería aprobar. Anuncié el canje de la deuda y el programa para familias sin ingresos, resistidos por los sectores financiero y sindical respectivamente. Sobrevino el fantasma más temido, una corrida bancaria, cuidadosamente alentada por quienes querían la devaluación. Fue controlada a tiempo con la bancarización, que no privó a nadie de su propiedad pero trajo mal humor en esos meses calurosos.  Los compromisos previos de unidad y coincidencia se incumplían. Tras la elección de octubre surgió un nuevo objetivo: en  vez de ayudar al Gobierno legítimo y acordar con él,   desplazarlo y tomar el poder. Adjunté hace más de un año una enorme colección de  prensa  que muestra la magnitud de los ataques y declaraciones con ese propósito. Al promediar diciembre empezó la violencia. Era parte de la estrategia. Empezó en el interior, con hechos cuyo control era de los gobiernos provinciales. La situación fue peor en Santa Fe y Buenos Aires. No se lo esperaba. Trajeron la violencia a Buenos Aires. Profundizar la crisis política.   Para superarla aporté mi renunciamiento a la más alta magistratura. Presentía la maniobra  sin conocer sus planes. Eran  disposiciones negativas en el Congreso, y desmanes, asaltos y muertes, primero en el interior y por último en la Capital.  Esto después se hizo evidente. Impusieron la devaluación con una cruenta reducción salarial y  una gran transferencia de ingresos por la pesificación. 

 

La indagatoria que estoy invitado a prestar se refiere a una imputación de homicidio y lesiones por culpa por haber sido Presidente de la Nación al producirse en la ciudad de Buenos Aires los hechos del 20 de diciembre de 2001, donde penosamente hubo cinco personas fallecidas y casi doscientos heridos, sin contar los policiales.  Por ordenarlo la Sala I de la Cámara Federal, se me dice que fue el Gobierno quien dispuso un plan de represión y desalojo, haber empleado a la Policía Federal en la jornada debiendo presumir objetivamente que  incurriría en excesos y utilizaría postas de plomo,  reprimiendo sin motivo a manifestantes pacíficos. Se sostiene que eso resulta del decreto de estado de sitio, y que fue el Gobierno quien ordenó desalojar la Plaza y defender la Casa de Gobierno de un eventual asalto. La imputación se resume en que “los funcionarios políticos son los responsables de administrar correcta y legalmente la violencia del Estado y sobre ellos recae la responsabilidad que el conjunto de la población les delega mediante el voto”, con lo que alcanza una dimensión desconocida.  La imputación de la Sala se vuelve explícita al decir que “El Tribunal entiende que dada la magnitud de los acontecimientos no fue la conducción de la Policía Federal Argentina u otra fuerza de seguridad, quien decidió llevar adelante ese gran operativo, sino que fue el poder político el que ordenó cuáles eran los objetivos a cumplir, uno de los cuales era impedir manifestaciones y mantener la Plaza de Mayo libre de personas”. Todo ello, expuesto para procesar al ex Secretario de Seguridad Dr.Enrique Mathov, lo trasladan en contra del Dr. Mestre porque era Ministro del Interior, y contra mí porque era Presidente de la Nación. Por serlo, se ordenó mi indagatoria por esos hechos a título de culpa.

 

 

De ninguna manera es cierto que sea responsable penalmente siquiera a título de culpa. Esto es absurdo.  Se me quiere imputar  culpa por hechos dolosos autónomos, que hacen responsable a su autor pero no pueden vincularse a una figura culposa. El dolo del autor excluye la culpa de otro. Se me quiere imputar culpa por hechos no comprobados como policiales, como lo demuestra el programa de Punto.Doc, la autoría de personal de Control de  Integridad Policial y el trágico hecho de la custodia de un Banco y una Embajada. Ninguno puede atribuirse a quienes actuaban para controlar los episodios callejeros.  Se me imputa  culpa por operativos que no dispuse y dispositivos que no tuve a  cargo. Ser Presidente no es bastante para echarme la culpa de todo lo que pasó. Hay leyes, instituciones, procedimientos y sistemas con su propia normativa y  deberes específicos.

 

El mantenimiento del orden público y la protección de los habitantes es una función básica del Estado que se cumple a través de los organismos de seguridad. Las autoridades de la Nación y de las provincias tienen el deber constitucional de garantizarlo. El Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, cuenta con instituciones creadas por la Constitución y por la ley, que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y de Seguridad. La Ley 24059 de Seguridad Interior establece su obligación de  asegurarlo. Impone que los gobiernos cumplan ese cometido a través de las fuerzas policiales y de seguridad (Art.3) según su competencia (Art.5). Todas integran el sistema de seguridad interior (Art.7). El Ministerio del Interior, hoy  Ministerio de Justicia y Seguridad,  tiene a su cargo la dirección superior de esas fuerzas (art.8 punto 4).   Una de ellas es la Policía Federal. Su Ley Orgánica (t.o.ley 21965) le asigna funciones de policía de seguridad en las provincias y en la Nación, dentro de la jurisdicción nacional (Art.1) bajo la dependencia  funcional del Ministerio del Interior (hoy Justicia) (ley 24059 Art.39). Debe actuar para preservar el orden y proteger las personas y los bienes y acatar las órdenes de los jueces como cuerpo de colaboración judicial. El Presidente  delegó la presidencia del Consejo de Seguridad en el Ministro del Interior.

 

La utilización de la fuerza también está reglada. La ley 24059 artículo 21 dispone que la policía y fuerzas de seguridad “ejercerán sus funciones estrictamente de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y a un principio de adecuación de los medios a emplear en cada caso, procurando fundamentalmente la preservación de la vida y la integridad física de las personas que deben constituir objeto de su accionar”.  Además, el artículo 22 dispone que “los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad interior no podrán ser empeñados en acciones u operaciones no previstas en las leyes de la Nación. Por otra parte, los aludidos cuerpos y fuerzas deberán incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas”. La violación por parte de un integrante de la Policía de sus obligaciones legales le hará incurrir en responsabilidad individual por el hecho cometido. Pero de allí no puede derivarse  la responsabilidad de la Institución  o del Gobierno. La Policía debe actuar conforme a la ley que le impone deberes propios. Para su cumplimiento no precisa de órdenes del Gobierno. Debe investigar los delitos. Debe obedecer las órdenes judiciales. Debe asegurar el orden público. Debe proteger a personas y bienes. Cuando se producen hechos como los del 20, obra por sí. Es su deber hacerlo. Obraría contra la ley quien lo prohibiera. Cito la ley 18711 de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas de Seguridad.

 

El Gobierno no tuvo intervención en  los procedimientos. No dependieron de él. Su dirección, organización y táctica es policial. Además,  la noche del miércoles 19 y madrugada del 20, la señora Juez Federal concurrió al edificio central de la Policía Federal donde tuvo  entrevistas con oficiales de alta jerarquía por las acciones y planes policiales en curso.  El martes 20 hacia el mediodía  va a la Plaza de Mayo y allí ordena que cese la represión indiscriminada y excesiva deteniendo la caballería,  el desalojo de la Plaza frente a la Casa de Gobierno para preservar su seguridad y que se sitúe a los manifestantes tras un vallado de contención policial delimitando el sector (sobre la Pirámide). Cerca de las 12 es llamada por el Ministro de Justicia y se lo hace saber. Enterado el Ministro del Interior enseguida refirma a la Policía que las órdenes del Tribunal deben ser acatadas y cumplidas de manera inmediata y total. La señora Juez también concurre a la Comisaría 2ª a cargo de la prevención de la causa. Hacia las 14 da nuevas órdenes, referidas por el  Comisario Derecho en su declaración. Conferencia con el juez Grispo sobre h.corpus y libertad de detenidos. A las 18-19 horas comunica al Presidente que hubo órdenes suyas a la Policía que fueron desobedecidas. Convoca al Ministro del Interior, al Secretario de Seguridad y al Jefe de Policía, a las 21-22 horas en el Juzgado.  El Fiscal  pide otras fuerzas en vez de la Policía: Gendarmería, Prefectura e incluso la Policía Aduanera. Se hizo un acta para garantizar la seguridad en Buenos Aires.  Esto es lo que surge de autos y se conoce sobre los procedimientos judiciales.  La actuación policial no respondía pues a decisiones del poder político. Esto no excluye que los graves acontecimientos  se siguieran con  natural preocupación.

 

         El día 20 nada hacía presumir que ocurrirían hechos graves en la ciudad de Buenos Aires. Se confiaba que la declaración de estado de sitio obraría como disuasivo en todo el país. La ruidosa protesta de la víspera concluía pacíficamente. Los cambios en el Gabinete y un gobierno de unidad permitirían superar  las dificultades políticas.  No hubo ninguna decisión  del Gobierno  sobre un dispositivo policial o sobre cómo proceder la Policía Federal. Ésta debe actuar en la Capital. Es su misión principal. Durante mi Gobierno intervino en miles de manifestaciones, siempre dentro de la ley, con resultados positivos. No hubo ningún plan, ni un programa central o disposición del poder político, que determinara o condicionara su desempeño. Sobre un eventual ataque a la Casa de Gobierno o al Congreso es deber policial custodiar los edificios públicos y entre ellos la sede de los poderes del Estado. El Ministro del Interior dice en su nota que así lo indicó. El Secretario de Seguridad hizo igual recomendación. Es natural y no presupone ningún exceso.  La propia Policía tomó  precauciones y adoptó las medidas  necesarias. Obró según sus estamentos y jerarquías, por las direcciones, reparticiones o cargos que tienen sus funciones propias. No dependía de órdenes particulares. Nadie dio una orden ilegal. A las recomendaciones  del Ministro y el Secretario siguió una orden  directa a la Policía de la señora Juez de cesar la represión, desalojar la Plaza y ubicar a la gente tras la valla, en protección de la Casa de Gobierno.   Ésta se sobreponía a cualquier otra y fue la regla vigente para la Policía, con pleno acatamiento de sus mandos y tropa y la respetuosa aceptación de los funcionarios competentes del Gobierno. 

 

El Presidente de la Nación no ordenó el operativo. El dispositivo no estaba a su cargo. No fijó objetivos a cumplir. La Policía debía cuidar el orden  según los deberes  impuestos por la ley. Enseguida de renunciar, el viernes 21, antes de dejar Olivos, redacté de puño y letra la nota al Tribunal también titulada “Manifiesta”, donde señalo  que “las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales actúan según la legalidad preestablecida y deben hacerlo dentro de la ley” y que “como Presidente de la Nación no emití orden alguna para actuar en contra de ley o disposición judicial y me preocupé por el urgente restablecimiento de la paz pública” agregando que “es claro que los procedimientos no estaban a mi cargo”. Vengo exponiendo igual posición desde el principio.

 

La intervención de la Justicia era muy importante. Sólo cabía respetarla, por convicción y por deber. En su oficio  del 20 de diciembre al Presidente de la Nación enviado por fax librado a las 18 y recibido por él a las 19, la señora Juez  cuestiona toda desobediencia. Sería un delito. Allí ratifica que actúa  investigando delitos   refiriéndose al conjunto del accionar policial. Resume que sus órdenes fueron “la cesación inmediata de la represión indiscriminada que se venía desarrollando en el lugar de los hechos” y que “con posterioridad a mis directivas, la represión continuó e, incluso, se incrementó…” y “ninguna información recibo sobre los hechos en cuestión, pese a ser el Juez Federal a cargo de la investigación de los hechos”. Antes ha consignado que la Comisaría 2ª. “tiene actualmente a cargo la prevención de la causa bajo mis directivas”. En el auto del 20 de diciembre   ordena  el desalojo de la Plaza. La señora Juez dio las órdenes no al Gobierno sino directamente a las fuerzas policiales,   bajo su dependencia con motivo de su investigación o intervención. Debieron acatarlas absolutamente. Quien las violare tiene responsabilidad penal. Las ratificó al Ministro de Justicia esa mañana en cuanto a ubicar el público tras la valla de la mitad de la Plaza. La siguiente comunicación con el Gobierno  fue un oficio dirigido al Presidente. En él pide se le informe quiénes “se hallan a cargo de dirigir esos procedimientos, bajo las órdenes de quién se encuentran, como así también la normativa legal en la cual se sustenta y que diera motivo a desobedecer mis órdenes” porque “es mi intención que las órdenes que imparto desde mi cargo, en procesos bajo mi jurisdicción y competencia, sean cumplidas sin que ningún extraño se inmiscuya en las mismas, salvo que tal circunstancia se derive de una norma legal”. Esto es indiscutible. Las  órdenes y directivas judiciales se deben cumplir. La propia señora Juez  debía verificarlo. También podía denunciarlo y pedir colaboración al Poder Ejecutivo como lo hizo en la comunicación de esa tarde, casi al final de la jornada.  Debo decir que nadie del Gobierno se inmiscuyó en sus órdenes, todo lo contrario, entendiendo que la actuación del Tribunal se desenvolvía hasta ahí sin inconvenientes. 

 

Aquí se plantea una cuestión significativa sobre la amplitud de actuación de los señores jueces. Cuando obran tiene todo el poder y completo acatamiento. Cualquier disidencia ocasiona un proceso por desobediencia y nadie quiere estar en esa situación. El trato es riguroso. Hay casos de allanamiento de oficinas oficiales, aceptadas o rechazadas, y procesamientos por pedir que un Banco informe antes de cumplir un mandamiento de pago. Algunos jueces  no actúan sobre  los hechos y esperan la información en su despacho, como hizo el Juez Federal Dr. Cavallo en incidentes frente al Congreso en 2000. Otros  subordinan las fuerzas de seguridad y la policía provincial como el  Juez Dr.Cornejo en los cortes de ruta en Tartagal. El Juez Federal de San Nicolás Dr.Villafuerte Russo, cuando el asalto al Banco Nación de Ramallo, dirigió en persona el procedimiento con participación de varias fuerzas. En Corrientes en diciembre de 1999 el juez federal prohibió  a la Gendarmería despejar el puente permitiéndolo   después.  La señora Juez, en este caso, ordenó cesar la represión, ubicar los manifestantes tras la valla y desalojar la Plaza y llevó adelante “un proceso criminal relativo a los acontecimientos de estado público que se están desarrollando en la Plaza de Mayo y Casa de Gobierno”. Loable actitud de  compromiso. La ley penal  ordena hacer cesar o evitar los efectos del delito. Mientras tanto, el juez Dr.Grispo tramitaba h.corpus por las detenciones y conferenció  con la señora Juez  para coordinar la actuación.  Ya en el Gobierno del Dr.Duhalde, la señora Juez obró también con ese sentido al adoptar una decisión preventiva en un  operativo de seguridad para controlar a quienes ingresaban a la Ciudad.. No hay  un criterio uniforme. Pero en todos los casos gobernantes y funcionarios deben actuar con plena subordinación a las disposiciones de los jueces. 

 

Se me imputa responsabilidad por lo ocurrido. Es visible que ello ocurre por ser el Presidente. Hay  connotación política. Los hechos se difunden de cierta forma. Un programa de TV parodia un juicio público para condenarme. Las crónicas acentuaron su crítica.  Al principio de lleno, con un  arsenal de adjetivos. Pero al año lo atenuaron al descubrir la trama del complot que llevó gente para la violencia. Entonces empezaron a indicar dónde  buscar a los responsables verdaderos del trágico suceso. El generalizado planteo de culpar al Gobierno  tiene el efecto de  presión a la Justicia. El proceso asume la forma de una persecución. Esto explica el temor de gran parte de los funcionarios convocados como testigos.

 

Vengo a manifestar claramente mi negativa a la imputación que se formula. El estado de sitio, que me resistía a declarar, se estableció por pedido de gobernadores  al Jefe de Gabinete y el Ministro del Interior quienes me lo plantearon como un  disuasivo que mostrara el compromiso de la Nación para contener la violencia en las Provincias. De ninguna manera  fue para preparar un plan de represión. Mucho menos en la ciudad Capital, donde nada había ocurrido, ocurría ni se esperaba que ocurriera. No se dictaron restricciones ni normas reglamentarias de la medida. Gobernadores y líderes parlamentarios lo apoyaron. Cuando lo derogué el viernes 21, el senador Puerta a cargo del Poder Ejecutivo lo restableció criticando como imprudente la derogación. Se trata  de una potestad constitucional. Es el ejercicio de un deber, que no puede irrogar culpa. La propia Sala I rechazó la acción de inconstitucionalidad. Es absurdo calificar el ejercicio de un poder constitucional como instrumento de un delito que, al final, se atribuye como culposo.

 

Niego haber dado orden de reprimir, o de montar un operativo ni grande ni chico, ni orden alguna de practicar detenciones. Niego haber dado orden ni permiso para usar postas de plomo, así como niego saber algo para pensar en esa posibilidad. El Presidente no dio ninguna orden de disolver o reprimir las manifestaciones ni de apartarse de la ley o desobedecer a la Justicia. Nunca transmití órdenes a la Policía ni a los ministros sobre los hechos, respecto a los cuales su gravedad se conoció después. Incluso se recibió información de que los grupos se retiraban  y que no había los muertos que decía la TV.  Pasados los sucesos vino a saberse la dura realidad. Y también que  se trajeron personas para ejercer violencia,  en ómnibus o camiones. Todo indica que  cambió la gente. Los recién llegados ocuparon  a partir de las 14 el lugar de los circunstantes iniciales con ataques a los policías que custodiaban la valla, originándose la reacción  para que no fuera sobrepasada. Es importante conocer las disposiciones al respecto del Tribunal. En cuanto a mí, las directivas permanentes del Gobierno, expuestas en mensajes a las fuerzas policiales y de seguridad durante mi mandato, fueron cumplir siempre la ley, actuar como fuerza de paz, proteger personas y bienes, evitar excesos, y ser la policía de la democracia que prefiere el diálogo y el convencimiento.

 

Estas consideraciones son aplicables al Ministro Mestre, hombre digno, honrado en su muerte por el pueblo de su provincia. Asimismo al Dr.Enrique Mathov, Secretario de Seguridad, ciudadano de limpia trayectoria democrática, quien no estuvo a cargo del comando de la fuerza policial. Nunca se constituyó el Comité de Crisis única situación que  hubiera puesto a su cargo un control operativo. Las recomendaciones de proteger los edificios públicos y sedes gubernativas y evitar concentraciones en la Plaza,   tuvieron  después sobre sí la orden judicial  referida. La tarea de Mathov era la coordinación con las provincias y por encargo del Ministro presidir la reunión del  Consejo de Seguridad fallida por inasistencia de muchas delegaciones del interior. A las 16.10  me acompañó al último mensaje de conciliación y pacificación que, es notorio,  tuvo magra respuesta. El Jefe de Policía Com. Rubén Santos siempre actuó conforme a las directivas oficiales de evitar al máximo la violencia y respetar la ley. En ninguna reunión planteó un plan especial para estos hechos y no se le impartió ninguna prescripción excepcional.  La comunicación con la Policía la mantuvo fundamentalmente el Ministro del Interior, quien habló varias veces con el señor Santos. Él transmitió el necesario acatamiento a lo dispuesto por la señora Juez. Su nota explicativa al Tribunal, fechada el 21 de diciembre confirma, en ejercicio de sus funciones, que “los organismos de seguridad dependientes de este Ministerio tienen expresas instrucciones de que toda su actuación debe realizarse respetando las disposiciones legales vigentes”. Aclara en ella que “se resolvió reforzar el dispositivo de resguardo de la Casa Rosada para evitar el accionar de grupos violentos que podrían derivar hasta en la toma de la propia sede del Gobierno federal, lo cual puede ser constatado con la lectura de las crónicas periodísticas del día”. Explica lo dispuesto el miércoles 19 en  que “la acción preventiva mencionada consistió en reforzar el sistema de vallados alternados con presencia policial” y que “toda información sobre los aspectos organizativos, tácticos, cuerpos y personal actuante en el dispositivo ordenado es de competencia y conocimiento directo de la referida Policía Federal”. Afirma que en ningún momento se dictó orden alguna que significara desobedecer las órdenes del Tribunal. Al contrario, fue él quien, cerca de las 12 del 20, enterado de la orden de la señora Juez,  dio inmediatas directivas  para asegurar  su cumplimiento.  La orden del Tribunal, que reemplazó la del Ministro, era casi igual a la suya.

 

Precisamente el jueves 20 vigentes esas medidas,  la señora Juez se hace presente e imparte sus directivas. Es lo que resulta del expediente, resoluciones, notas y testimonios aunque sólo conocí la comunicación entre la señora Juez y el Ministro de Justicia, inmediatamente retransmitida por el Ministro del Interior para su pleno acatamiento e implementación, y su oficio de la tarde.  En lo demás actúan los organismos competentes sin participación del Presidente.  Se reprocha al Gobierno haber admitido que actuara la Policía. La orden de la señora Juez de desalojar la Plaza o ubicar la gente detrás de la valla significa presencia, actuación o permanencia policial, igual que las órdenes que habría impartido después. El Tribunal actuante no ordenó el retiro de la Policía. Hubiera sido un grave riesgo. No se entiende que se culpe al Gobierno por no haber hecho lo que no podía hacer.  Era violar la ley. La  Policía tiene sus funciones regladas por ella. El Gobierno no dio ninguna orden contraria a la ley. Ni a las directivas judiciales. Y el Presidente, de ninguna manera.

 

Sostiene la imputación que el Gobierno debía presumir objetivamente que la Policía incurriría en excesos. Según la Sala I,  no debió confiar en la Policía y no debió encomendarle controlar el orden porque debía suponer las consecuencias. Dice  la Sala que la noche del 19 en las escalinatas del Congreso “un agente había hecho uso de su arma reglamentaria atentando contra la integridad física de los manifestantes, resultando herido en dicho episodio Jorge Demetrio Cárdenas”, episodio penoso que mostraron los medios de comunicación. Nunca hubo información precisa. La crónica responsabilizó a la policía y al Gobierno.  Ahora la Sala dictó falta de mérito  y parece que el disparo vino de atrás. Nadie puede decir que el Gobierno supiera algo,  hoy tan complejo para la Cámara, por lo que considero modificada su opinión de que  “con la producción de este hecho está claro que a partir de dicha circunstancia debió haber cesado la confianza de los funcionarios políticos del poder ejecutivo en la policía en lo atinente a la contención de las manifestaciones”.

 

 Sería que el Gobierno Nacional, o más ampliamente el Estado (para comprender al Tribunal), debió prescindir de la Policía Federal. Esa doctrina significa que debe prohibírsele  actuar  aunque haya desorden o violencia. En vez de sancionar individualmente a los culpables de un delito, se elimina a la Institución y se culpa al Presidente y algunos funcionarios.  Esta frase es elocuente: “Era previsible objetivamente que agentes de la policía…utilizaran del mismo modo las armas de fuego que portaban en la represión de las manifestaciones, tal como finalmente ocurrió a lo largo de todo el día 20 de diciembre”.  Señora Juez, niego terminantemente haber pensado o supuesto en lo más mínimo  esa posibilidad, y también que siquiera lo imaginaran el Ministro, el Secretario o el propio Jefe de Policía. No lo presumí, ni lo escuché de nadie. En las decisiones del Tribunal  la señora Jueza  impartió sus órdenes a esa misma Policía. Además no fue el Presidente quien ordenó que actuara  la Policía en vez de la Gendarmería o la Prefectura. El tema debía desenvolverse según lo establecido en las leyes vigentes.  La citada ley 18711 establece el ámbito de actuación de cada una de esas Fuerzas. Gendarmería en la frontera; Prefectura en el litoral marítimo, ríos y lagos, y la Policía Federal (artículo 3) en la Capital Federal. Habría sido violar la ley impedirlo o prohibirlo.

 

Esto se vincula con la culpa que correspondería a quien se vale de otro u otros para ciertos objetivos o fines y se producen daños a personas o bienes. La culpa del primero no existe si pudo confiar en el otro. La doctrina lo llama “prohibición de regreso” significando  que no puede irse hacia atrás a partir del autor en la atribución de culpa. La confianza desaparece cuando podía presumirse el resultado.  Este será también culposo.  La Sala I cita a Roxin, Jakobs y Stratenwerth, pero no haré en mi defensa material un análisis jurídico del error de las citas. Está  ampliamente demostrado en los escritos de recurso extraordinario y queja, copias en autos, a los que me remito. Allí se ve bien que no se puede atribuir culpa al Presidente a partir de ese argumento. Por otra parte, en tanto no me correspondió la decisión de la Institución o Repartición que actuaría, la cuestión personalmente no me atañe.  Sólo voy a reiterar que según la verdadera doctrina el principio de confianza y la prohibición de regreso rigen en forma prácticamente ilimitada si se trata de intervención en un suceso ulterior doloso, por el principio de auto responsabilidad de los autores dolosos. El dolo y la culpa no coexisten, y éste es el error de la imputación. Si hay dolo en el autor la culpa del otro es inaceptable.  El principio de confianza y la prohibición de regreso rigen absolutamente cuando la confianza es institucionalmente necesaria. Roxin y Jakobs dan el ejemplo del tribunal a punto de juzgar a un terrorista que recibe una amenaza de matar a otro si lo condenan. Si lo hacen, ¿responden por culpa? Es evidente que no. No  puede aceptarse una imputación por homicidio imprudente. Aquí ha querido  plantearse que en caso de conmoción interior el Presidente  o los funcionarios deben abstenerse de ordenar a las fuerzas de seguridad cuidar el orden y evitar daños si no quieren responder  por cualquier hecho incluso doloso de sus integrantes. Esto,  para Roxin, “significaría una capitulación del ordenamiento jurídico” ( Derecho Penal, Parte General, página 175).

 

Sostiene la imputación que el operativo fue desproporcionado, excesivo, y por eso las consecuencias. En autos la señora Juez, al revés según entiendo, lo ha  considerado insuficiente. Reitero que niego saber cuál era el operativo o el dispositivo. Esto corresponde exclusivamente al área policial. Tampoco el Ministro ni el Secretario lo dispusieron. El Ministro Mestre informó al Tribunal  que el miércoles 19 se resolvió reforzar el  resguardo de la Casa Rosada, consistiendo la acción preventiva en vallados alternados con presencial policial. Explica en la nota, desde luego, que “toda información sobre los aspectos organizativos, tácticos, cuerpos y personal actuante en el dispositivo ordenado es de competencia y conocimiento directo de la referida Policía Federal”. Por lo tanto, quedó claro desde el principio que no fue implementado por nadie del Gobierno. En cuanto a la Policía, lo fue según las pautas y estamentos propios de sus acciones habituales.

 

Sin perjuicio de eso, con lógica preocupación por lo ocurrido, quise  averiguarlo. Y encontré el informe de fs.1605-1607 que tiene un cuadro comparativo donde resulta que el 20 de diciembre de 2001 se emplearon 720 efectivos, en cambio el 20 de abril de 2002, en ocasión de una protesta con cacerolazo, se pusieron 1194. Se trata de un Informe de la Policía Federal. Si se compara con otros actos,  en este caso se siguieron las pautas habituales o normales sin nada que pueda considerarse un exceso. Por otra parte, la imputación no aclara qué es exceso y qué no. No puedo responder por ser un tema ajeno para mí. Sólo que me parece, según lo consigno, que no se excedieron los parámetros razonables. Algunos oficiales han declarado que el dispositivo fue el habitual para manifestaciones y que no era suficiente. Lo  imprevisto fue la agresividad de los manifestantes a partir más o menos de las 14 . Repito que  parece que el público anterior fue desplazado por otras personas que llegaron en actitud más violenta. Cabe señalar la declaración coincidente de numerosos testigos,  oficiales declarantes,  funcionarios que lo vieron,  constancias de la causa del Juez Oyarbide.

 

Esto lleva a otro elemento de la imputación: que “se reprimió a manifestantes pacíficos sin ningún motivo” con las consecuencias que todos lamentamos. La Sala I se remite a videos  y a su propia apreciación de la prueba. En rigor, se contradice cuando afirma que en las calles de Buenos Aires se produjo una verdadera batalla campal pugnando entre la policía y los manifestantes que después de haber retrocedido querían sobrepasar la valla, prudente límite fijado por la señora Juez, para llegar a Plaza de Mayo y Casa de Gobierno. Dice la Sala: “Con el correr de las horas las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires se transformaron en virtuales campos de batalla en los cuales la Policía intentaba alejar a la gente de la Plaza y los manifestantes arribar a ésta para expresar su descontento con el gobierno”. Si hay batalla hay bandos y los bandos se enfrentan. En el trágico hecho  del edificio del Banco HSBC-Embajada de Israel, la Sala se explaya sobre si era  “un objetivo” de los manifestantes, menciona la rotura de un panel de vidrio y que un grupo policial se refugió en el interior. Desde luego es trágica la reacción desproporcionada abriendo fuego la custodia, que no era parte de la policía desplegada en el operativo de control de la manifestación, sino que sería la custodia del Banco y la Embajada. 

 

Se comprende  lo grave de la situación  por los choques violentos. El Presidente no puede sino desear fervientemente, como en todos los episodios públicos, que no haya violencia ni desorden. Así era en mi caso. Ningún sentido tiene atacar a manifestantes pacíficos. Sería una grave responsabilidad policial y desde luego  por completo ajena al Gobierno. No lo ordené ni admito ordenarlo o tolerarlo. Además niego que esto ocurriera de esa forma. Surge de la investigación que hay un curso espontáneo de los hechos que se agravan con una relación de acciones y reacciones recíprocas entre policía y activistas, de avances y retrocesos, ataques,  disuasivos, golpes, lo propio de un enfrentamiento que tanto lo llaman contención,  represión o control. Para el Gobierno,  informado que el problema ya concluía volviendo la paz y cesando toda violencia por   retirarse los manifestantes, fue especialmente doloroso saber después que en cambio siguió y  enterarse del triste saldo  de  muertos y  heridos. No fue en la Plaza. Lo señalo porque, como si hubiese estado predispuesto, muchos se referían después a “los sucesos de la Plaza de Mayo”. Seguramente quienes los prohijaron  querían la máxima violencia en ese lugar simbólico para precipitar la caída del gobierno,  cuando en realidad los hechos más graves fueron lejos de allí. Indica  que algo había atrás de lo ocurrido. Lo que importa es subrayar que nadie del Gobierno dispuso o impuso una acción semejante.

 

El examen de la causa revela   aspectos no aclarados a los que quiero referirme, pese a no haber participado en los hechos o conocer lo sucedido, sino como reflexión de cuanto resulta de la prueba. Es posible el error, pero señalo el origen de choques detrás de la valla desde las 14 y el cambio de público a partir de esa hora aproximada. Es necesario saber cómo empiezan esas acciones, quién las ordena, qué autoridad o qué juez, o si se producen naturalmente por el curso espontáneo de los hechos como acción y reacción. Se debe averiguar cómo llegaron y quién trajo manifestantes violentos, distintos de los más pacíficos de la mañana. Es preciso saber si la policía recibió orden o permiso para eso, o si fue porque la  atacaron, o porque había daños o  los manifestantes avanzaban. Está sin aclarar por qué éstos van hacia la Av.9 de Julio, si fue una retirada o una decisión estratégica de su coordinación (coordinación que los señores Fiscales deben investigar), o si fueron empujados o llevados a ello por la Policía. Si son llevados  es más que sacarlos de la Plaza, y una orden  así no es atribuída a ningún funcionario y por lo tanto no podría culparse al gobierno. Agréguese por qué actúa la policía más allá de la valla del medio de la Plaza, si   por orden o permiso de la señora Juez, o por ataques de los manifestantes, o la necesidad de proteger ese límite, o por  un exceso cuyo alcance no fue aun determinado. Lo cierto es que la Policía sigue actuando en las Diagonales y Avenida de Mayo, y se precisa saber si fue para evitar daños a bienes o terceros, o responder a ataques violentos de los manifestantes, o para disuadirlos de regresar o asegurarse que se fueran o disolverlos, o por exceso,  y si hubiera bastado con dejarlos ir si es que se iban. La otra cara es el motivo de no haberse dispersado los manifestantes, o sea que continuaban como grupos compactos renovándose en la cabecera. Averiguarlo es del mayor interés para mí como protagonista de aquella triste jornada. Tiene valor desde ya para la causa y servirá como testimonio histórico.

 

 

Reitero  que niego que hubiera un plan, siquiera una orden, del Presidente o del Gobierno, respecto a las manifestaciones de ese día. Cada fuerza tomó sus previsiones y dispuso su acción. Debía hacerlo por imponerlo la ley o los reglamentos, tanto la Policía como la Casa Militar, mientras Gendarmería colaboraba con la provincia de Buenos Aires y Prefectura seguía de cerca los hechos (ver declaraciones de sus Jefes Beltritti y Miranda). Niego también haber tomado conocimiento de desbordes o excesos como niego haberlos podido prever para impedir otras consecuencias. Actuó el Tribunal, ocupábase el Ministro.   Fue imprevisto y no pensado el agravamiento. La secuencia del día significó para el Presidente atender concentradamente la crisis política, el mensaje de unidad, las comunicaciones con ministros, gobernadores y parlamentarios, y tomar la  grave decisión de mi renuncia, una de las más difíciles y trascendentes de mi vida, y luego redactarla y comunicarla como una contribución al cese de la violencia de la que aun no había noticias extremas. Era bastante para absorber la atención de un Presidente que veía frustrados sus proyectos para el país, que miraba la ambición y la irresponsabilidad de quienes provocaban la crisis  y que  debía resignar el cargo al que accedió por mandato del pueblo con amplia mayoría. Había intereses políticos y económicos conjurados ansiosos por imponer la devaluación y la pesificación.  La inexistencia de un plan represivo del Gobierno está confirmada por las declaraciones de los jefes Beltritti y Miranda, y los testigos Christian Colombo, Almirante Carbone, Luis Uriondo, Carlos Becerra y Facundo Suárez Lastra. También resulta de lo que dicen altos oficiales en sus declaraciones como el ex Jefe policial Comisario Santos, oficiales Trezeguet, Alfano, Derecho, Bortolini, Condinanzo, Gaudiero, Andreozzi, y el de Gendarmería Antonio Loto. Son muchas las declaraciones coincidentes como para cuestionarlo. Los otros testigos que ofrecí también son importantes para confirmar este y otros aspectos.

 

 El Ministro del Interior, ex gobernador de Córdoba e Interventor en Corrientes, tenía gran experiencia y tradición democrática, y era capaz de conducir la situación. Enrique Mathov Secretario de  Seguridad tuvo larga actuación cívica y una lucha de toda su vida por el derecho y la libertad. Ambos tenían idénticos valores.  El Jefe de Policía Comisario Santos seguía esos principios y   las directivas generales del gobierno de respetar la ley y los derechos. Nadie puede pensar  que un gobierno de origen popular integrado por ministros con larga actuación democrática, haya pensado en reprimir, o siquiera tolerar excesos, o impulsar desbordes que causaran daño a los protagonistas. Cuesta pensar cuáles fueron las crueles coincidencias externas que provocaron esa situación.

 

Niego, repito, que hubiera un plan de represión, ni órdenes para un gran dispositivo de seguridad. No existió. La Policía Federal actuó de oficio, conforme a la ley. Dada la situación no podía desentenderse. Sería una grave irresponsabilidad. Según la Sala I la Policía no debía actuar, lo que es difícil de compaginar con su deber. La señora Juez fue la noche anterior al edificio central de Policía.  Habló con altos jefes policiales.  No lo hizo con el Gobierno. La señora Juez se opuso a los  excesos pero no a la actuación y presencia de la Policía. Intervino impartiendo órdenes precisas,  directamente con ella, no por medio del Gobierno. O sea que la actuación policial es legal y no debida a un plan gubernativo. Señalo que la señora Juez ordenó cesar la “represión indiscriminada”, el desalojo de la Plaza y ubicar a la gente tras la valla.  Evitaba que se atacara la Casa de Gobierno,  lo que puede hacer un grupo bien pequeño. Siguió  con otras directivas durante la jornada. Todo esto supone la presencia de la Policía. No le ordenó retirarse, ni replegarse, sino permanecer y actuar según sus instrucciones.  Sin duda lo más grave de estos días, para mí como Presidente, fue la pérdida de vidas. Es algo tremendamente doloroso, insoportable, según mi formación y mis principios. Fueron duras la crisis económica, la corrida, la bancarización, la devaluación, y la crisis institucional. Pero la vida es lo primero. Es increíble ir contra la vida. Debe castigarse a los autores. Quienes impulsaron los hechos tienen una grave responsabilidad. Quienes alentaron los desmanes en el interior u organizaron la movilización en la Capital podían haber ahorrado la violencia.

 

La causa se desenvuelve considerando que los autores fueron policías y parte del dispositivo de seguridad que actuó ante la manifestación, protesta o presencia de personas con intención de ocupar la Plaza y algunos llegar a la Casa de Gobierno;  que esos policías usaron postas de plomo en sus armas reglamentarias y que en todos los casos de lesiones son autores responsables.  Analizada  hasta aquí resulta que los autores comprobados de homicidio son ajenos al dispositivo policial de seguridad. Sin perjuicio de mi  negativa de todo conocimiento o responsabilidad, he querido considerar los hechos. El caso del Banco HSBC-Embajada de Israel se debe a la custodia del lugar, y no al personal policial desplegado. El crimen y lesiones graves en el Obelisco,  por personal de Control de Integridad Policial que se ponen en abanico y disparan, los que  no son parte del dispositivo sino que vienen a controlarlo, y en vez de hacerlo habrían cometido el hecho. Los otros tres fallecidos en la zona de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, resultaría que tampoco son víctimas de la policía actuante, según  lo  explicado en el programa de Punto.Doc acompañado y en el diario Clarín del domingo 2 de marzo 2003. En ambos casos se trata de estudios periciales balísticos.  Resulta de ellos que los tres tienen un solo proyectil de plomo,  imposible para una escopeta que abre el disparo  La trayectoria es de arriba hacia abajo por lo que pudo originarse en el primero o segundo piso del edificio abandonado que está en el lugar, como se dice en ese programa televisivo. Además, y sin perjuicio de ese análisis, no está comprobado que los autores sean policías, en realidad ni siquiera quiénes sean. Resulta de esto que ninguno de los homicidios pueden vincularse con los policías que actuaron para contener la manifestación y preservar el orden. No hay demostración concreta de que usaran postas de plomo en sus armas reglamentarias. No puede atribuirse responsabilidad a ningún funcionario por lo ocurrido. Las muertes no fueron debidas al  operativo sino  a otras circunstancias ajenas o externas.

 

En cuanto a las lesiones, en la imputación no se explica cómo y por quién se produjeron, al menos en la mayoría de los casos. Hay lesionados civiles y  policiales, con alto número de unos y de otros. Esto no puede atribuirse ni aun a título de culpa a los funcionarios políticos, mucho menos al Presidente, porque ninguno ordenó  o consintió actuar con violencia  que causara lesiones, y si ocurrieron fue en lo imprevisto de los sucesos.  Debe examinarse en cada caso cómo ocurrió en la confusión de acciones y reacciones entre policías y manifestantes. La Policía según su ley y las permanentes directivas oficiales, debe  evitar daños a terceros sobre todo lesiones y con más razón la muerte. En cuanto a heridos de bala, que menciona la Cámara, no accedí a constatarlo.

 

 Ya dije que no hubo orden gubernativa de desalojar o despejar la Plaza y proteger la Casa de Gobierno.  Al Presidente, de todos modos, no se le planteó ese tema. Y por cierto  nadie dice, ni podría hacerlo, que hubo orden o siquiera insinuación, de desplazar a los manifestantes hacia la Av. 9 de Julio. No puede decirse que el Jefe de Policía lo hiciera. En realidad, esto parece una actitud propia, de ir allá. Pudo ocurrir por la acción policial o ser un movimiento estratégico. Los sucesos tienen su dinámica  y parece un desenvolvimiento espontáneo de los hechos, que en la Avenida 9 de Julio se agravarían inesperadamente. No surge de autos si alguien lo ordenó, salvo la conducción en campo según las jerarquías. 

 

Ajeno al desenvolvimiento del episodio, negadas las imputaciones que se me formulan, me he referido a estos aspectos de los hechos no por haberlos conocido o participado sino por ver la causa y la prueba ante la necesidad de informarme y averiguar cómo ocurrieron.  Ha sido  un verdadero proceso de conocimiento para  acceder a la verdad. Claro que me preocupan gravemente. Era el Presidente. Asumí las consecuencias políticas. Pero no estaban a mi cargo.  Y rechazo que se me atribuya responsabilidad penal por lo ocurrido, ni siquiera a título de culpa.

 

Se me trae a proceso bajo la calificación de homicidio y lesiones por culpa. La imputación no tiene fundamentos.  La señora Juez con buen criterio rechazó los pedidos fiscales pero la Sala I de la Cámara Federal ordenó esta indagatoria. Comprendo que la señora Juez, por quien tengo el mayor respeto, deba acatarlo. Pero la citación restringe mi defensa porque afecta el recurso en trámite contra esa arbitrariedad y me priva de contar con prueba que debió recibirse antes.  Además,  la imputación causa un daño injusto. A eso se agregue la actitud lesiva de los Fiscales.  Dice Luis Ferrajoli, profesor de la Universidad de Camerino, citado en los recursos,  que la sanción más temible es la difamación. Una sospecha sin fundamento  significa un “caso de patología judicial… que evidencia la posibilidad de hacer uso del proceso para la punición anticipada, la estigmatización social, la persecución política o para todos estos objetivos juntos”.

 

Se me trae a esta causa, reitero, por haber sido Presidente de la Nación. Renuncié. Cesó mi gobierno. Si ello no hubiera ocurrido todo cuanto se plantea  constituiría un inaceptable conflicto de poderes. Se cuestiona el estado de sitio.  Por un proceso penal se desconocen y cercenan potestades legítimas del Poder Ejecutivo, en cuyo ejercicio estaba según la Constitución, hasta que cesé en mi función.  Se enjuician los actos de otro poder del Estado y sus decisiones políticas e institucionales. La indagatoria significa imputar al Presidente por actos propios y legítimos. No es  la indemnidad de una persona sino  la investidura y el mandato.  El tema se vincula directamente con el ejercicio de sus atribuciones. Por eso formulo reserva del caso federal por violación de las normas que aseguran el derecho a elegir y ser elegido y desempeñar los cargos públicos (CN.16).

 

En ocasión de los hechos de Avellaneda de junio 2002, ningún Tribunal osó citar al Gobierno. Los fiscales callan. La Justicia federal no actúa. Una señora Juez de la Provincia sigue la causa. De aplicarse similar parámetro sería de competencia federal.  Entre la prueba ofrecida figura el sumario por esos homicidios, por los que nada hicieron los señores Fiscales. Ante su indiferencia lo reitero en este acto donde no pueden dejar de oírlo. Como lo demuestran las publicaciones acompañadas, los reclamos de las víctimas y el decreto presidencial creando una Comisión Investigadora, allí sí existió un plan   para impedir el paso de los manifestantes organizando un enorme despliegue de seguridad en combinación con la provincia de Buenos Aires, con fuerte represión. Sobrevino el trágico final conocido. Como la decisión provenía del Gobierno nacional con sede en esta Capital, la competencia federal y territorial es evidente. Quien investiga estos hechos  también debe hacerlo  con aquéllos,  comunicarlos, o hacer la denuncia a quien  competa. Lo que no pueden es guardar silencio o mirar de revés. Sería violación de los deberes de funcionario público.  Resalta el trato diferente. No se explica la persecución en este caso y el silencio en el otro. Reclamé el sumario de la Juez de Lomas de Zamora como prueba porque invoco la igualdad ante la ley (C.N.,16). Ante casos semejantes no cabe obrar distinto. Digo semejantes y no iguales, porque mientras aquí no hubo plan ni política ni orden gubernativa, en el  de Avellaneda sí, y el Presidente, el Jefe de Gabinete, los Ministros y el Gobernador pusieron de manifiesto el proyecto. Tan grave fue que ante el trágico resultado se adelantaron los comicios. Seguramente no hay  responsabilidad penal en ninguno de los dos, ni en éste ni en aquél, por las mismas razones legales que aquí explico es decir, que el gobernante no promueve actos dolosos que tienen sus responsables propios.  Lo inadmisible es que  un caso esté en la Justicia federal y el otro se ignore. Pido  esos autos para ver los criterios aplicables a experiencias parecidas, en defensa del principio de igualdad.  Eso permitirá a la defensa analizar temas como plan,  dispositivo,  confianza y culpa por la posición política. Urge pedir también  la denuncia del Ministro de Justicia Jorge Vanossi sobre que esos hechos eran un complot, y el  trámite seguido ante el  Juez Federal Norberto  Oyarbide.

 

Señora Juez Federal:

He querido explicar lo que sé  y aun  lo que ignoro según mis recuerdos,  la experiencia y lo que resulta de analizar la causa,  enorme esfuerzo cumplido por el Tribunal. Dejo en  claro que rechazo la imputación que se me formula. Es la primera vez que ocurre atribuirle a un Presidente responsabilidad semejante.  Desempeñé las más altas magistraturas y tuve a lo largo de mi vida las mayores responsabilidades de gobierno. Después de 40 años de servicio público viví la interrupción de mi mandato y renuncié a la Presidencia. Se me somete a esta persecución penal. Lo asumo sin doblegarme.  Me tocó un tiempo difícil. Tuve poderosos adversarios. Actué con fidelidad a la Constitución y a mi conciencia.  Al fin  la verdad triunfará frente a la injuria. Espero que este proceso contribuya a lograrlo.

 Pido que se atienda a la prueba indicada, como manda la ley, incorporando la  que falta y a la que preciso referirme. Pido que se tenga presente lo que aquí manifiesto como parte de mi declaración. Reitero las reservas consignadas por la  privación de mi derecho de defensa (Art.18 CN) y de igualdad (Art.16 CN), y del ejercicio de las funciones públicas representativas (CN.16).

 

                   SERA JUSTICIA.

 

                                                                  Fernando de la Rúa.

 

 

      

En su indagatoria del 16-7-2003,

 

MANIFESTÓ: que en este acto hace entrega de un escrito de descargo, que procede rubricar en la totalidad de sus fojas, junto con sus agregados, que incluyen un recorte del diario La Nación de su edición de fecha 9 de julio próximo pasado, solicitando ser tomado como parte integrante de su declaración, disponiendo S.S. su acumulación al sumario.- Seguidamente el compareciente requirió se le exhiba particularmente los elementos de prueba que en su presentación menciona, recordándose en este acto como anteriormente se mencionara, que la causa A-5.624/01 caratulada “OLIVERIO y otros” se encuentra actualmente en conocimiento de la Excelentísima Cámara del Fuero, disponiendo S.S. circunscribir la exhibición requerida a los elementos pertenecientes a las presentes actuaciones, y en consecuencia el Dr. Fernando De La Rúa procede tomar integra lectura en primer lugar de las declaraciones prestadas a fs. 280/288 de Daniel Fernández, a fs. 307 por Lucio Tirao, a fs. 331 de Carlos Alberto Contreras, a fs. 353 de Alfredo Salomone, a fs. 358 de 358/364 de Eduardo Mario Orueta, a fs. 372/379 de Prospero Raúl Trezeguet, a fs. 380/384 de Alberto Alfano, a fs. 386/394 de René Jesús Derecho, a fs. 402 de Jorge Bortolini, a fs. 409/412 de Víctor Hugo Condinanzo, a fs. 413/417 de Norberto Edgardo Gaudiero y a fs. 514/525 de Raúl Roberto Andreozzi.- Seguidamente se le exhibe desde el Incidente de Inconstitucionalidad que corre por cuerda con la causa A-5.624/01 y que fuera puesto a disposición del Tribunal por la Fiscalía n°5, el texto y fundamentos del Decreto 1678 que dispusiera la instrumentación del estado de sitio, como así también de su transcripción de fs. 98/99 del principal, del Decreto 1689 que ordenara el levantamiento del estadio de sitio dispuesto por la manda precedentemente mencionada. Se deja constancia a pedido del compareciente, que resta la exhibición de los decretos presidenciales emitidos con posterioridad al 20 de diciembre de 2001 que dispusieran el estrado de sitio en las Provincias de San Juan y Entre Ríos, y sus posteriores decretos de derogación.- Asimismo se le exhibe al compareciente el legajo de actuaciones reservadas en Fiscalía n°5 pertenecientes a la causa A-5.624/01 que fuera puesto a disposición del Tribunal, que contiene el estudio pericial balístico de la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional recibido en la Fiscalía el 23 de junio próximo pasado, la pericia n°28.838 también de la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional recibida en la Fiscalía el 29 de marzo de 2003, pericia n°29.099 también de la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional, haciéndole saber al deponente que en la causa A-5622/01 en la que presta la presente declaración, no se ordenó pericia alguna.- Se deja constancia en el presente acto que el Dr. Fernando De La Rúa solicitó las pericias obrantes en la causa A-5.624/01, extremo que resulta de imposible materialización en razón de encontrarse ante el Superior. Seguidamente S.S. pregunta al compareciente si desea proseguir con el acto a pesar de no tener a su disposición las pericias de mención, respondiendo afirmativamente.- Posteriormente al intentarse la exhibición del casete de video aportado por la parte declarante el 10 de julio del corriente, junto con el identificado como “20/12/01 hs 16:49 incidentes canal 4 casete 5 copia 1” traído de la Fiscalía n°5 y el de “Ojo Obrero” que para el acto se obtuviera de la Excma. Cámara del Fuero, el aparato reproductor respectivo con el que cuenta el Tribunal se manifestó defectuoso, por lo que S.S. dispuso con la conformidad de las partes, que se le hará entrega a la defensa de una completa copia de los mismos.- - -

Acto seguido el compareciente solicitó manifestar: “expreso mi protesta por este acto porque afecta el recurso ante la Corte como lo digo en el escrito. También por la actitud de los Fiscales de ponerme como eludiéndolo. Colaboré siempre con la causa. Sobre el escrito que adjunto, pido se tenga como parte de mi declaración, y agrego que el estado de sitio se comunicó a la ONU y a la OEA, y no se lo hubiera hecho de ser parte de un plan represivo que desde luego no existió. Agrego también que el informe de fs. 1607 señala que el número de 720 efectivos no se incrementó después de una reunión de Plana Mayor policial, y destaco que a fs. 1605 consta que para la jornada de protesta del 20 de abril de 2002 se aprestaron 1194 efectivos, por lo que no entiendo que la Cámara hable de un dispositivo exagerado. Incluso el de abril del 2002 contaba con 10 perros y 20 efectivos. Lo malo del de diciembre de 2001 fue haber tenido 11 efectivos montados, cuya imagen y acción fue negativa. Es cuanto digo y puedo contestar las preguntas que se formulen”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente el Dr. Luis Horacio Comparatore solicitó interrogar al compareciente para que diga respecto de las medidas de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, y específicamente de la Plaza de Mayo (frente a la Casa de Gobierno) y de la Plaza de los Dos Congresos (frente al Palacio Legislativo), si dio una instrucción en particular, a lo que S.S. hace lugar, respondiendo el declarante “que todo el escrito adjunto se refiere a eso”.- Seguidamente el Dr. Luis Horacio Comparatore solicitó interrogar al compareciente para que diga si durante el transcurso de la mañana tuvo oportunidad de observar desde algún despacho o ventanal de la Casa de Gobierno la Plaza de Mayo con el dispositivo policial montado y los manifestantes, a lo que S.S. hace lugar, a lo que el deponente responde: “que no. Al llegar en helicóptero tampoco vi nada que llamara la atención, y ya en Casa de Gobierno vi una imagen televisiva donde había alrededor de 50 personas. Nada más”.- Seguidamente el Dr. Luis Horacio Comparatore solicitó interrogar al compareciente para que diga quién era el funcionario del gobierno encargado de mantenerlo al tanto del curso de los acontecimientos relativos al operativo policial que se había montado alrededor de la Plaza de Mayo y zonas de adyacencias, a lo que S.S. hace lugar, respondiendo el dicente: “ninguno. La pregunta supone que el Presidente era el encargado de monitorearlo, y no era así. En lo demás me remito al escrito”.- Seguidamente el Dr. Luis Horacio Comparatore solicitó interrogar al compareciente para que diga si además de la información que sus colaboradores le arrimaran sobre el estado de la situación en la Ciudad de buenos Aires, si tenía algún otro acceso a la misma sea por radio, televisión o canal policial, a lo que S.S. hizo lugar, respondiendo el declarante: “la información que tuve fue la orden de la Sra. Juez; luego, que los manifestantes ya se retiraban; después me dijeron, no recuerdo quién, que la televisión hablaba de muertes, y se lo pregunté al Dr. Enrique Mathov, que consultó al jefe, y me dijeron que no; más tarde, el oficio de S.S. Y al retirarme vi sobre Paseo Colón policías apostados pero no ya incidentes. De todos modos el Jefe de la Casa Militar impuso no circular por ahí. A la noche también el Dr. Enrique Mathov me llamó desde el Juzgado con la triste noticia de haberse confirmado las muertes. El Presidente no recibía partes, ni había un canal o medio preorganizado para informarme, siendo que además nadie pensaba en hechos graves. Estaba absorbido por la crisis institucional y la decisión de renunciar a la presidencia de la Nación, algo bastante serio en la vida de una persona”.- Que ese día no hubo ninguna reunión sobre temas de seguridad, tampoco hubo reuniones el día anterior, salvo la de Caritas, algunos legisladores y la firma del estado de sitio. El día 20 al único que recibí a primera hora en Olivos fue al Jefe de Gabinete para hablar del cambio ministerial acordado en el Elevage. De ahí me fui a Casa de Gobierno, y al rato vino a verme el Ministro del Interior, no me habló de medidas o dispositivos para ese día, sino del problema que la noche antes creo la Policía de la Provincia de Buenos Aires al retirar la guardia de Olivos, seguramente para facilitar el Dr. Ruckauf algún asalto a la residencia presidencial, algo tremendamente peligroso. Esto lo había obligado a reforzar el dispositivo de la custodia presidencial en ese lugar. Que cuando me lo explicaba se produjo la comunicación del Ministro de Justicia con la Sra. Juez y las ordenes de ésta, enterado de las cuales el Ministro dijo que se retiraba para implementar su inmediato acatamiento. Lo de las 16:00hs con el Dr. Mathov no fue propiamente una reunión. Solo me acompañó a mi discurso y hablamos de lo que mencioné”.- Seguidamente el Dr. Luis Horacio Comparatore solicitó interrogar al compareciente para que diga si tuvo conocimiento que el Ministro del Interior estuvo en funciones durante la jornada del 20 de diciembre, si este estuvo físicamente ese día en la Casa de Gobierno, si había presentado previamente renuncia al cargo y si esta le fue aceptada, a lo que S.S. hace lugar, respondiendo el declarante: “el Ministro del Interior siguió en funciones. Hay una nota suya fechada el 21 de diciembre donde esto se confirma. La nota es del 21, la firma como Ministro, y se refiere a su Ministerio. Escuché después que con motivo de la reunión del Elevage la noche del 19, el Jefe de Gabinete por su cuenta había tomado la iniciativa de sugerir, o manifestar su idea, de una renuncia general del gabinete para implementar los cambios. Pero esto no lo aprobó ni lo supo el Presidente, y salvo la de Cavallo y Bastos ninguna otra renuncia se produjo. El Dr. Ramón Bautista Mestre ni me dijo ni me arrimó la suya. Para mi siguió en funciones, confiaba plenamente en el, era incapaz de abandonarlas y obraba siempre con alta responsabilidad patriótica. Ese día estuvo presente, entiendo que durante la jornada del 20 a cierta hora de la tarde se retiró de su despacho en la Casa de Gobierno a su domicilio particular, tal vez pensando en volver, y de ahí siguió atendiendo los temas”.-

Acto seguido el dicente manifestó: “que es importante determinar cómo se produjo la trágica muerte de tres personas que según el programa Punto.Doc, video acompañado, pueden ser causadas por francotiradores, lo que abonaría la tesis de un plan para causar muertes y provocar la crisis. Pareciera que la intención era ocasionarlo en Plaza de Mayo y aún sobre la Casa de Gobierno, por eso se empezó a hablar de la ¨masacre de la Plaza de Mayo¨ y de ¨los muertos de la Plaza¨, cuando en realidad nada de eso ocurrió allí, sino a muchas cuadras de distancia. Lo explico en mi escrito y aquí lo reitero pidiendo que se analice ese video y la publicación de Clarín que allí cito”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que no siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando el compareciente junto con los demás presentes en la audiencia, previa íntegra lectura por sí y por el Actuario en alta voz, con su entera ratificación, luego de S.S. y todos por ante mí que DOY FE.-