Make your own free website on Tripod.com
Página Oficial del Dr. Fernando De la Rúa    
 

DESGRABACION DEL INFORME ORAL DEL DR. FERNANDO DE LA RUA ANTE LA SALA I DE LA CAMARA C.C. FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, el 4 de mayo de 2004, hora 10:30, ante el Tribunal integrado por los señores jueces doctores Vigliani, Cavallo e Irurzún, asistidos por su Secretaria, con asistencia de los defensores doctores Miguel Almeyra y Zenón Ceballos, en el trámite de apelación en la causa “c/ Santos R.J. y otros”.

Excelentísima Cámara:

Vengo ante este Tribunal y un poco también ante la historia, por el carácter y la significación de los acontecimientos que originan esta causa y mi particular situación. Hago personalmente este informe oral porque quiero dar la cara y ver el rostro de mis jueces. Saint Exupery, en uno de sus libros, cuenta una dramática experiencia. Su avión tuvo un “panne” en el desierto. Capturado por los beduinos, lo llevaron para juzgarlo. Sus jueces estaban en una tienda, solemnes con el rostro oculto. Solo veía sus ojos. Pero el temor dio paso a la confianza y sintió la dignidad de la justicia. Y creyó.

Hoy puedo ver el rostro de mis jueces y quiero confiar que tendré una resolución justa y objetiva. Esto hace no solo a mi situación personal frente a la ley sino también frente a la historia. Soy el primer interesado en que se determine la verdad de los sucesos. Pienso que no puedo ser tratado como expresión de un aparato represivo dominante a la manera de Hitler, Stalin o Pinochet, sino como presidente de un gobierno democrático libremente elegido por el pueblo que cuidó siempre la libertad y los derechos.

En los últimos días se conjugaron situaciones complejas sobre todo en el plano económico, origen de conflictos políticos. Unos quisieron adueñarse del poder con el pretexto de cambios económicos, la devaluación concretamente. Había detrás poderosos intereses. No trepidaron en sumarse al Fondo Monetario Internacional que venía por el escarmiento, y llevar a gente humilde, de ideología y de lucha, a la violencia callejera. Se produjeron hechos muy graves en varias provincias a lo largo de toda esa semana de mi renuncia, hasta que imprevistamente la violencia llegó a la Capital.

De ninguna manera mi gobierno tuvo un plan ni dispuso acciones para reprimir, ni siquiera prohibió las manifestaciones. Si algo debe destacarse fue lo sorpresivo de la agresividad con que se aparejaba la violencia.

Ese es el marco en que traigo ante VE este informe oral, que seguro hubieran hecho mejor mis distinguidos defensores. Evoco los días de mis comienzos como abogado en los juicios orales en Córdoba, ante sus tribunales. La vida me llevó a hablar después muchos años en el Parlamento como diputado o senador. Más tarde en mis funciones de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por fin, como Presidente de la Nación.

Hoy vengo por primera vez a hacerlo en defensa de mi propia causa, en defensa de mi buen nombre, en defensa de mi posición ante los tiempos. Soporto una tremenda persecución. Parece un sello de la historia. Casi todos los que en el último siglo ejercieron la Presidencia constitucional, han sufrido distintas formas de persecución, sospecha, acusaciones, mortificación o descalificaciones, y con suerte una tardía reinvindicación. Podríamos remontarnos al 30 y evocar lo que pasaron los sucesivos presidentes constitucionales.

Hoy eso está agravado por el clima que se vive. En este caso, el mío, se me persigue mediante desproporcionados ataques, mentiras y difamación de cierta prensa y a través de numerosos procesos siempre bajo la formula laxa del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero ninguno, y quiero remarcarlo, ninguno, me atribuye haberme enriquecido o apropiado de nada. Se refieren a situaciones de gobierno, sencillas o complejas, por opiniones distintas desde el punto de vista administrativo o político.

Esta causa constituye una situación excepcional. Al iniciar mi exposición quiero expresar mi dolor por los muertos: Diego Lamagna, Gastón Rivas, Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Gabriel Márquez, y también por todos los heridos. Creánme que el mayor dolor de un presidente democrático, de alguien que dedicó toda su vida a la defensa de la libertad y los derechos, es que bajo su gobierno ocurrieran manifestaciones con muertos y heridos. Nada lo justifica, ninguna lucha política, ninguna ambición de poder, puede buscarse por el dolor, mucho menos por la muerte de compatriotas.

A poco de asumir como Presidente hubo un caso lamentable cuando la intervención a Corrientes. Allí actuó la Gendarmería y hubo dos muertos. Fue el primer gran dolor que tuvimos entonces con el Ministro Storani, enorme aunque después se demostrara que los autores provenían de los mismos manifestantes. Ningún gobernante democrático puede querer la violencia, ningún gobernante democrático que tiene el apoyo del voto popular desea sustentarse en la violencia o en la fuerza.

Quiero decirlo categóricamente. De ninguna manera he querido usar la fuerza o la violencia para mantener mi gobierno. La prueba está en mi renunciamiento. Aún sin saber de las muertes puse mi renuncia al servicio de la pacificación cuando la oposición rechazó mi llamado a la unidad y la paz pidiendo a todos que ayudaran a cesar la violencia. En los episodios de ese día se había dado un cuadro de tensión, cuya gravedad vino a saberse después. Antes de conocer esa realidad, ante el solo agravamiento de la violencia, decido mi renuncia. La hostilidad de los sectores conjurados hacía imposible imaginar soluciones políticas.

Quiero hacer esta sencilla reflexión para que se aprecie el valor de un gesto que no ha sido apreciado en su significación oculta por la diatriba que padezco. En vez de un renunciamiento lo consideran una abdicación o una huida. No fue así. Pido imaginar por un momento qué hubiera pasado si no renunciaba. Como estaban planteadas las cosas, lanzadas las situaciones, desatada la ambición de los derrotados de ayer que hoy querían hacerse del poder, los sucesos hubieran adquirido una dimensión aun más trágica. Pese a anunciarse mi renuncia y habiéndome ya ido de la Casa de Gobierno, se causaron incendios, se insistió en la violencia y se agudizó el conflicto. Vino después la confirmación por parte del Tribunal de que había muertes.

Deseo dejar claro que mantengo las reservas constitucionales y legales que he planteado, de recurrir en casación y a la Corte Suprema por la ley 48, por las infracciones constitucionales enunciadas en el primer recurso extraordinario y su queja, y en ambas recusaciones y sus recursos. Invoco el artículo 18 de la Constitución. Busqué las garantías para contar con un Tribunal imparcial según lealmente lo veía. Lo hice expresando el debido respeto hacia el señor Juez recusado. Creo que él y yo fuimos objeto de una acusación poco menos que calumniosa. Pero no se aceptó mi criterio. ¿Puedo confiar, hay garantías? No comparto el rechazo, pero espero que sí.

De todos modos, es deber procesal de los defensores y mío propio como autodefensor mantener los recursos y las reservas de deducir otros. Por eso debo decir –y pido a la señora Secretaria que tome nota- que la asistencia al acto no significa consentimiento respecto al planteo de recursos extraordinarios y reservas de ocurrir ante organismos internacionales. Las garantías oportunamente invocadas son fundamentales. La garantía del juez imparcial tiene enorme importancia y debe entenderse como lo muestra la propia excusación del señor Juez recusado quien pidió ser apartado para evitar cualquier duda, citando la doctrina que la justifica por la sola sensación de parcialidad que sufra la parte.

También he sufrido restricciones a la defensa en cuanto no se recepcionaron pruebas fundamentales que ofrecí. Es difícil comprender que no se reciban las pruebas ofrecidas por quien fuera Presidente de la República frente a la grave imputación que se le hace. Sólo algunos testigos nuevos declararon, pero no se llamó al ex Canciller doctor Rodríguez Giavarini para que explique la información del estado de sitio a la ONU y a la OEA; no se llamó a el ex Ministro de Justicia Jorge de la Rúa para que explique qué habló con la Dra. Servini ese día 20 a la mañana; no se convocó al Dr. Ruckauf para que ratifique que él llamó a los ministros Mestre y Colombo pidiéndoles la declaración del estado de sitio y para que diga por qué retiró la policía de la Quinta de Olivos, creando una situación muy peligrosa.

La noche del 19 muchos intentaron saltar las verjas o paredón de la quinta de Olivos, de la residencia presidencial de Olivos, lo que supe después. Si eso ocurre, por el tipo de custodia que hay ahí, de Granaderos, los hechos pueden ser impredecibles. El caso sirve de ejemplo. ¿ podría decirse que yo tenía el gobierno de la situación? Pues no lo tenía porque uno sabe o no sabe que las cosas ocurren. Aquí nadie imaginaba que iba a pasar lo que pasó, que había esta agresividad de los manifestantes, que hubo desbordes policiales.

En homenaje a la brevedad quise traer reunidos a VE todos los escritos presentados. Estuve tentado de leerlos pero llevaría demasiada fatiga y tiempo, no hay razón para eso cuando pueden ser tenidos en cuenta. Voy a aliviar al Tribunal de semejante esfuerzo.

Traigo en primer lugar la manifestación inicial que hice el mismo día 21, antes de dejar la presidencia, manuscrita, donde digo lo mismo que planteo ahora: que no se realizó ninguna acción ilegal; que el objetivo era asegurar la paz interior ante la violencia, agresiones o ataques; que las fuerzas de seguridad actuaron con un criterio de legalidad preestablecido.

Luego, el escrito titulado ¨Expone¨ que integra la primera indagatoria con la relación de hechos que hice ante la señora Jueza Federal. Aquí está.

Luego, traigo también el escrito que presentó el ex Ministro Ramón Mestre (a quien evoco, y que fue llorado por el pueblo de Córdoba volcado en su homenaje por su fallecimiento) donde no sólo refiere toda su trayectoria, sino el carácter de los hechos. También este escrito del mismo Dr. Mestre, del día 21 de diciembre, donde ratifica que es ministro todavía y hace referencia a su ministerio, a “este Ministerio”, lo que es importante porque el fiscal de primera instancia en algún momento me preguntó si Mestre seguía siendo ministro. Serlo, significa que el Presidente no dejó en abandono la situación: Mestre seguía siendo ministro y estaba a cargo de la gestión y así lo ratifica el día 21, es decir el día después de los acontecimientos. Sobre la información que el Presidente recibía, le dice a la Sra. Juez que situaciones de emergencia impedían la realización de consultas previas ya no solamente a la autoridad judicial, sino a la propia autoridad jerárquica, dato de no menor interés. Ese día de agitación, el Ministro del Interior era quien llevaba adelante la gestión del orden general, es decir, quien actuaba en nombre de la autoridad política. Christian Colombo, Jefe de Gabinete, dijo en su declaración, posterior al auto de la Sala y que integra la nueva prueba recibida, que quien se ocupaba era el Ministro del Interior. Sobre él mismo dijo que no era su área.

Advierto que en la instancia jerárquica están el Ministro del Interior, el Jefe de Gabinete (no es parte en la causa) y recién después el Presidente. Es decir, el Presidente está en la última instancia, gobierna a través de sus ministros que además tienen funciones especificas según las leyes vigentes. Según éstas, la Policía Federal, los Organismos de Seguridad, dependen del Poder Ejecutivo pero a través del ministerio correspondiente, en este caso el Ministro del Interior sobre quien está el Jefe de Gabinete. Es decir no es el Presidente quien directamente actúa. Es insostenible hacer al Presidente responsable de todo lo que pasa en todas partes y de manera permanente.

Otro escrito es éste, que contiene las respuestas que dí a una gran variedad de preguntas de los fiscales, que completa la explicación de los anteriores y de mi primera indagatoria.

Traigo también el escrito de recurso extraordinario contra la primera resolución de la Sala I y la queja por su denegatoria. En ambos se analizan cuestiones jurídicas muy importantes, sobre todo para rebatir la interpretación del Tribunal.

Incluyo el informe en la apelación presentado por mis abogados y un escrito acompañando prueba sobre cómo pueden haber ocurrido esas extrañas y dolorosas muertes en la Av. 9 de Julio, cuyos autores aún no están determinados. Dícese que por la dirección del impacto y tratarse de un solo proyectil, todos a la misma altura, esto puede haber sido hecho por otros, no por policías. Es algo que precisa averiguación. El programa televisivo Punto Doc que lo comenta está agregado y, como se publicó en el diario Clarín, también se lo acompañó, a lo que agrego la necesidad de examinar las pericias. Es muy importante sobre esto conocer la verdad.

Entrego también al Tribunal un extenso escrito que forma parte de mi segunda declaración indagatoria, la que dispuso esta Sala, titulado “Manifiesto” cuya lectura encarezco al Tribunal. Es el acto central de mi defensa. Contiene una síntesis de esas jornadas, describe la crisis política y económica, la situación en que asumí el gobierno, las urgencias económicas y las demandas sociales existentes así como las piedras y palos que se me fueron poniendo en el camino, las dificultades incluso internacionales ante un escenario desfavorable y cómo se llega a la situación final después de las elecciones de octubre en que el justicialismo va directamente por el poder con la complicidad de algunos correligionarios míos. Cae el Gobierno, asumen quienes me sucedieron, y se produce la catástrofe de la devaluación que era el objetivo que los movía y con eso, la caída abrupta del salario y el PBI y el aumento del desempleo, la miseria y la desocupación. Hoy hay signos de cierta recuperación que se presenta como una gran salida, pero en realidad recién se está volviendo apenas a los niveles económicos del 2001.

Enemigo de la violencia, en todos estos escritos que reunidos entrego en este acto al Tribunal, confío haber demostrado lo que en este informe oral vengo a ratificar, que mi gobierno no ejerció violencia. Ocurrió un hecho desgraciado y soy el primero en lamentarlo. No fue algo querido por el Gobierno. Creo en la opinión pública y en el consenso y por eso no podría usar la fuerza o la violencia para sostenerme en el poder que es propio de los gobiernos dictatoriales o autoritarios. Mi formación de toda la vida como abogado, como político, como catedrático, ha sido por el respeto al derecho. No se puede tener una configuración personal y pensar que se actúa de otra manera.

Por eso insisto que no salió de mí ninguna orden. Esto significa no lo que presentó cierta prensa deformando las cosas, como quien se desentiende, al publicar “dice DLR que no dio ninguna orden”. Lo digo en el sentido de responder las preguntas que se me hacen: “Ud. ordenó actuar así?, No!”. No es el presidente, el Gobierno se ejerce a través de los Ministros. No fue el Gobierno ni los Ministros, es la ley la que establece que debe actuar la policía. Por eso actuó sin que nadie se lo dijera, no era necesario.

Sí he leído después que el Jefe de Policía tuvo reuniones con el ministro del Interior, donde simplemente se comentó de riesgos de asalto a la Casa de Gobierno de acuerdo a versiones no confirmadas, pero nada más. La Sala en un momento alude a Mathov cuando dice que reunió a los Jefes y les dijo que actuaran dentro de la legalidad. Dice que para eso no hacía falta una reunión porque ya saben que deben actuar dentro de la ley, lo que significa que asume tener por lo menos una confianza “legal” en la Policía. Si la tiene el Tribunal desde luego podía tenerla el gobierno también, confiar que actuaría dentro de la ley, sin que pueda negársele aplicar el llamado “principio de confianza”. Si rige para los tribunales (la Sala y la señora Jueza) debiera valer también para el Gobierno.

Insisto en la importancia de la prueba pendiente porque la investigación es incompleta y los señores Fiscales han hecho una investigación parcial, han investigado solo “este lado de la cuestión”, la eventual responsabilidad del gobierno, pero no el otro lado, la responsabilidad de quienes trajeron activistas o manifestantes para provocar la crisis. Esto se investiga en los juzgados de enfrente, en la causa que tiene el Dr. Oyarbide y que en este proceso no se ha visto. ¿Hubo un complot? El señor Robert Potash, distinguido historiador e investigador objetivo e independiente, estudioso de la realidad argentina, habla de un golpe de estado no convencional o no tradicional. Hasta cronistas que me son tan desafectos como Grondona, hablan últimamente de golpe de estado, golpe civil o complot. Lo hubo en una conjunción de maniobras legislativas para derogar leyes, privarme de facultades necesarias, crear un vacío de poder, provocar incendios, primero en varias provincias donde es como si nada hubiera pasado, no le han dicho nada ni a Ruckauf ni a Reutemann ni a nadie más por las cosas que pasaron pero que están y se puede seguir el hilo de los autores.

Luego trajeron la violencia a la Capital donde realmente no se esperaba, ante la sede misma del Gobierno. Ese fue el único plan realmente urdido. La verdad, digo a VE que no se esperaba que esto sucediera, porque el 19 a la noche hubo una reunión en el Hotel Elevage donde se habló de encontrar una solución política, una salida a la crisis.

Se dió la desgraciada circunstancia, para mí, por un grave error de apreciación, de explicar el estado de sitio, lo que cayó mal a la gente claro que con la “ayuda” de alguna televisión o radios que alentaban la protesta. Debí haber hablado de la cuestión económica, o anunciar la renuncia del Ministro Cavallo, pero me pareció leal explicar el estado de sitio por pensar que lo peor era el temor por la inseguridad, los piquetes y los que iban casa por casa anunciando que podía ocurrir algo, metiendo miedo en la población. Pero se ve que el miedo no era tanto y el estado de sitio pareció un retaceo a quienes querían reclamar por la situación económica. Me equivoqué y el error fue costoso, lo más costoso en mi vida política, me costó el gobierno, y todo lo que siguió después.

El estado de sitio no representaba ningún plan. Es algo a lo que me resistí. Tenemos tradición de no establecerlo, siempre decimos “Illia no lo puso nunca”, Alfonsín lo hizo para poner fin a graves amenazas a las escuelas y le costó un proceso por la forma en que lo había dictado, que superó finalmente gracias a la doctrina de la Corte en el caso Granada. Yo me resistía. ¿Cómo podía querer el estado de sitio, si venía de la reunión en Cáritas donde dije que se estaba controlando la situación, que los gobiernos provinciales habían pedido el apoyo de Gendarmería y los informes eran tranquilizadores, sobre todo los de Buenos Aires?.

El mayor temor en ese momento, transmitido por Ruckauf, era que asaltaran o incendiaran los centros de abastecimiento de las cadenas de supermercados. Todos tienen centrales donde concentran la mercadería. Asaltos ahí, incendios ahí, podían provocar el desabastecimiento de la población y esto habría sido gravísimo, violencia y hambre era el colapso. Del embajador de Francia por Carrefour, de Alfredo Coto por su cadena, llegaban reclamos de preocupación. Al anunciar el estado de sitio hubo más calma y eso se fue superando. Los propios empleados de los centros de abastecimiento los defendían de las agresiones. La decisión empezaba a tener efecto disuasivo que fue la razón para dictarla.

Con la situación mejorando, no se esperaba ningún problema en la ciudad de Buenos Aires. Es así que se presenta el día 20 en condiciones normales. Recibo en Olivos muy temprano al Ministro Colombo. Aclaro sobre la falta de respeto y mal gusto del señor Fiscal de Cámara que habla de “la pachorra del ex Presidente”. Es una ligereza y una falsedad. El día 19 después del mensaje sobre el estado de sitio seguí en Olivos trabajando hasta tarde. A eso de las 4 de la mañana Christian Colombo y algunos funcionarios van allá. Dice que estaba descansando, sería natural, pero no era tanto. Sobre la hora 3 del día 20 tuvo varias comunicaciones telefónicas e informé la renuncia de Domingo Cavallo, recibí el mensaje enviado por el Jefe de Gabinete y un resumen de la reunión del Elevage. Le transmití que nos veríamos a primera hora, como que nos reunimos a las 8 de la mañana.

Está claro para qué nos reunimos y que la única reunión fue con él. Algunos dijeron que hubo otra para planificar la acción frente a eventuales manifestantes. No es así, no hubo ninguna otra reunión, ni siquiera el tema se habló por teléfono con nadie. No se esperaban manifestaciones y la reunión con Colombo fue para implementar lo que se había hablado la noche anterior en el hotel Elevage. Él partió a reuniones que concertó, yo me fui en helicóptero a la Casa de Gobierno. En verdad no había gente en la Plaza.

No las vi en mi trayecto del helipuerto a la Casa de Gobierno, pero dicen que había 50 ó 100 personas que estaban de la noche anterior. Es lo que dicen los testigos, unos dicen 50, otros 100, alguno llega a 120, son sobre todo los comisarios que declaran y describen la situación entre las nueve y las diez de la mañana. En todo caso, era un pequeño grupo, de modo que a ese momento nada ocurría ni se esperaba que ocurriera.

Me detengo ahora a considerar los argumentos de la Sala cuando ordenó mi indagatoria. Dijo primero que hubo un plan del gobierno y que ese plan se demuestra por el estado de sitio, la desproporción del operativo y lo excesivo de la represión.

Voy a referirme al Estado de Sitio, cómo se gesta, sus motivos y alcances. No se dispuso como un elemento para reprimir el 20, sino por pedido de las provincias. No se implementó cómo aplicarlo. Lo que se quería era subrayar el compromiso de la Nación para asistir a las provincias obrando como disuasivo y por eso no se toman medidas para ponerlo en acto ni se priva de garantías a nadie, ni se restringen derechos. La policía llegó a practicar algunas detenciones invocándolo pero no precisaba hacerlo porque procedió por hechos de desorden, y además resultó inocuo. Cuando firmé el único decreto de puesta a disposición del Poder Ejecutivo de un grupo de personas, ya todos estaban en libertad. Todos los detenidos en dependencias policiales también la recuperaron enseguida.

El juez de instrucción doctor Grispo recibió numerosos pedidos de habeas corpus y sin más trámite ordenó las libertades. Incluso ambos jueces (la jueza federal, el otro el juez ordinario) se habían reunido y hablado sobre cómo proceder con los detenidos. Todos los casos se resolvieron de inmediato sin ninguna comunicación con el Gobierno ni siquiera con el Ministro del Interior. Todo pasó muy rápido y tuvo el rol decisivo la conducción judicial. Acá la Justicia tuvo mucha y preponderante intervención y esto habla del marco de garantías en que esto se desenvolvía.

Dice la Sala que hubo un exceso de dispositivo por desproporción en los medios. Resalto algo que fue negativo por la mala imagen y la impresión que causa, la aparición de la Montada. En realidad eran 11 caballos, 11 efectivos montados, pero su efecto es impresionante. Desde luego no se le pregunta al Presidente si se los lleva o no cuando se disponen las fuerzas de prevención. Siempre están en las manifestaciones, alejados, en este caso sobre la plaza Colón. A alguien se le ocurrió, surge del expediente, a uno de los comisarios en el campo, hacer intervenir a la Montada. Incluso explica el comisario Gaudiero que es mejor porque es una presencia más disuasiva y menos lesiva, menos dañina que otro medio porque el caballo impone pero no lastima. No es lo que pensamos.

Muy joven, en mis años de iniciación, fui corrido por la Montada en Córdoba los últimos días de Perón, cuando protestábamos por la Universidad o cuando disolvía nuestros actos con Balbín y Zavala Ortiz de oradores en tiempos del presidente Frondizi siendo gobernador un gran señor, Arturo Zanichelli. Son las contradicciones de nuestra vida política: el gobernador la emprendía contra sus correligionarios de ayer, y nosotros, a escapar de los caballos. Así que a la Montada la sufrí y le temo. En este caso por suerte hubo otro con más visión que ordenó su repliegue, pero otro los sacó de nuevo, y otro nuevamente mandó replegar, por suerte porque el mayor daño para el gobierno y el país fueron esas imágenes repetidas después hasta el cansancio de la policía a caballo, encima con personal mal entrenado.

Pero esto no fue querido, fue reclamado y corregido, quienes lo vieron reclamaron su cese y cabe destacar la acertada decisión de la propia señora jueza federal que al llegar a la Plaza da orden directa a los oficiales que actuaban en el terreno y dispone también el repliegue de la caballería, sin que pueda precisar si en ese momento seguía actuando. Lo cierto que hubo voluntades coincidentes de que no participaran los once jinetes de la Montada. Pero nadie planteó que se retirara toda la Policía Federal.

La Sala vió en todo un exceso, incluso por el número de efectivos afectados. Pero advierta VE que en el 2002, ya con Giacomino Jefe de Policía, Duhalde presidente, hay numerosos operativos por las marchas y protestas de los ahorristas, y hay uno donde la policía va con la división perros, por suerte los perros no actuaron, que si ocurre se hubiera generado un tremendo conflicto. Quiero decir que esto es horrible pero no fue impuesto ni partió de ningún plan. Sobre esto del exceso de dispositivo resulta que el 20 de diciembre 2001 hubo 720 efectivos que en realidad estaban preparados para una marcha de desocupados, según surge del expediente. Llamo la atención ahora que para un operativo de abril del año siguiente 2002, frente a un cacerolazo de ahorristas en protesta llevaron 1120 agentes de policía! más la división perros, es decir ¿qué es lo excesivo y qué lo suficiente?. La jueza de Primera Instancia reprocha que era insuficiente, la Sala dice que era excesivo. Comparto que entre los 720 que hubo acá y los 1120 después, depende de las circunstancias. Cuando el partido Boca - Chacarita con razón llevaron 1200, podía haber hechos graves.

Dijo la Sala que el gobierno ordenó el desalojo de la plaza y defender la Casa de Gobierno. En realidad el Ministro recomendó prestar atención al cuidado de las sedes gubernativas y edificios públicos, obligación funcional de la Policía según su propia ley. Pero quien ordenó concretamente el desalojo fue el Tribunal. Espero que VE pueda ver enseguida el auto del juzgado del mismo 20 de diciembre de 2001, donde la Dra. Servini, resume y dispone con su firma:

“Ordené el inmediato cese de la represión indiscriminada y excesiva que se estaba llevando a cabo con la caballería, les ordené asimismo que procedieran al desalojo del sector de la plaza que está inmediatamente frente a la Casa de Gobierno…”.

Es un acto elogiable de eficaz actuación judicial. ¿Por qué decir entonces que fue parte de un plan del Gobierno si el Tribunal ordenó el desalojo? La señora Jueza lo comunicó al oficial al mando en la Plaza pero no al Gobierno. Fue el Ministro de Justicia Jorge de la Rúa quien la llamó y ella le hizo saber que había resuelto que se ubique a la gente tras la valla a la altura de la Pirámide desalojando lo demás: “He resuelto que desalojen la plaza y los pongan detrás de la valla”. Ahí todo queda sometido a la decisión judicial que ya veremos como continúa. El Ministro de Justicia transmite la orden judicial al Ministro del Interior quien se asegura que sea cumplida. No habrá otras comunicaciones del Tribunal al Gobierno salvo el oficio al Presidente de horas 18, pero sí órdenes directamente a los oficiales actuantes en el operativo.

Otro argumento de la Sala es que no se debió usar la Policía Federal, que no se debió confiar en ella por el episodio de la noche anterior en las escalinatas del Congreso donde fue herido el señor Demetrio Cárdenas. La falta de mérito dictada por la Sala para el policía Orgeira imputado en ese episodio, luego ratificado por la Jueza de Primera Instancia, excluye la cuestión. Hay una pericia de Gendarmería de la que resulta que el disparo que hirió a Cárdenas no proviene ni del lado de los policías, ni del lado de los manifestantes de atrás, sino de otra dirección a la derecha, hacia la calle Rivadavia, del costado de donde vienen disparos que provocan esa herida. Hay también una pericia, ésta de la Policía Federal, que demuestra que la herida que sufrió no fue la causante de su muerte que se debió a otra afección posterior.

Esto excluye que por ese hecho, por ese motivo, se imponga no confiar en la Policía y el deber de desplazarla o reemplazarla. Si se ven las declaraciones a la prensa el día 20 se verá que todo esto era impreciso e incierto, y no podía justificar una decisión tan grave como prohibir la actuación policial. Esto, además, no era problema de confiar o no, sino que la ley lo manda. Las fuerzas de seguridad se ocupan cada una de sus cosas, Gendarmería de las fronteras, Prefectura de los ríos y la policía de la seguridad de la Capital. Para prohibirle actuar se precisaba una ley, o por lo menos un decreto de necesidad y urgencia, o no sé qué, para decir que no actúe o excluir a la policía. Quizá algo como lo que con gran prudencia hizo la señora Jueza la noche del 20. Tal vez fue un acuerdo porque no consta en autos, lo cierto es que con sensatez y temiendo conflictos se dispone de hecho que actúe la Gendarmería. Seguro fue una situación de emergencia que ella resolvió así.

Sobre el reproche al Gobierno de que incumplió el deber de dirigir repito que no había un plan general. Cada oficial de policía con mando en el terreno cooperaba con el deber de control. En ejercicio de su función los estamentos policiales y la Jueza de Primera Instancia, pusieron control y asumieron como un deber encarrilar los sucesos o detener los hechos en varias ocasiones en que se ordenó repliegue, retiro o contención. La característica fue la impredictibilidad de los acontecimientos. A lo largo de todo el día no hay hechos graves hasta que ocurre lo fatal, cuando esos inesperados sucesos en la Avenida 9 de Julio. El caso del Banco HSBC y la Embajada de Israel fue un problema de exceso de la custodia, ajeno al operativo de seguridad.

Cuando se habla de eventuales responsabilidades del Gobierno, sólo puede ser porque está arriba, pero su función es política, es genérica. El gobierno debe cumplir los objetivos del Preámbulo de asegurar la paz interior, pero no significa que el Presidente esté siempre a cargo de cada operativo policial que se realice. Durante mi gobierno hubo 2100 operativos policiales por marchas, actos, incluso actos en la Plaza de Mayo, donde fue Moyano, a veces solo, otras con Daer, para criticar al gobierno. Se custodió, se vigiló y nunca pasó nada. Todos esos antecedentes también permiten confiar en la policía.

Siempre objetivo del gobierno fue definir la líneas de una policía para la democracia, la policía que actúe con respeto, y con orden. Hay que profundizar por qué pasaron estos desbordes. Pueden responder incluso a fallas en el entrenamiento. Reitero que si un plan hubo, fue el que urdieron para derrocar a mi gobierno, pero no del gobierno para reprimir. No puede hablarse como si fuera un genocidio de querer matar a todos los que salieran ese día, de ninguna manera. Cuando se habla del deber de cuidado toda la doctrina se refiere a regímenes autoritarios con dominio efectivo de hechos perversos usados como arma política, pero no a un gobierno democrático como el nuestro. El estado de sitio es constitucional y no fue la base de ningún plan.

(Continúa) Ver Segunda Parte