Make your own free website on Tripod.com
  Página Oficial del Dr. Fernando De la Rúa  
 

Ver Primera Parte (CONTINUACIÓN...)

Quiero pedir al Tribunal que vea la nueva prueba recibida. Christian Colombo es explícito al relatar el pedido hecho por Ruckauf para que se ponga el estado de sitio porque temía desbordes en su provincia. A mí me traen al planteo, vienen Mestre y Colombo, estaba también el ministro de Justicia Jorge de la Rúa. Opongo la primera objeción, soy contrario a dictarlo. Lo discuto pero es necesario, bueno, si hay que hacer el sacrificio moral y político lo haré y no rehuiré mi responsabilidad. Planteo la otra cuestión, la legalidad, si debía ser dictado por el Congreso o si estaba en receso y podía hacerse por decreto. Se analiza que estaba en sesiones extraordinarias y se concluye que se puede dictar comunicándoselo de inmediato, incluyendo el tema en extraordinarias. Hago más, llamo al Canciller Rodríguez Giavarini para que informe a los organismos internacionales. Llamo también al Presidente Provisional del Senado senador Puerta, virtual Vicepresidente, cuya opinión fue coincidente: “es lo que tiene que hacer, Presidente”. Otros líderes lo apoyaron, incluso Duhalde, Menem y legisladores justicialistas. Desde luego Ruckauf. Lo que lanzaron se les había convertido en un desborde en la propia provincia de Buenos Aires. Mestre lo dice en su escrito.

Aclaro que el doctor Mathov no estaba, le han atribuido ser parte de un plan pero él ni siquiera estaba presente cuando se dictó el decreto. Llamo además la atención del Tribunal que después de mi renuncia el senador Puerta, a cargo del Poder Ejecutivo, restableció el estado de sitio y me acusa de grave irresponsabilidad por haberlo derogado el día 21 a la mañana antes de dejar el Gobierno, lo que hice por estimar que se habían cumplido sus objetivos y había vuelto la calma a las provincias. Parecía que con aquella medida y mi renuncia se había solucionado todo. Así como anunciar el estado de sitio sería un freno a la violencia y en efecto calmó a las provincias, mi renuncia tranquilizaría toda la situación. Pero Puerta lo restableció diciendo que fue una irresponsabilidad dejarlo sin efecto.

Llamo también la atención sobre el testigo nuevo Facundo Suárez Lastra. Dice que mandó al Sr. Carelli al Ministerio del Interior y que volvió afirmando que “no había un plan” frente a la situación. Carelli fue a una reunión preocupado por la seguridad de la Ciudad y sobre todo la del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Lo mismo dice Luis Uriondo, ex Secretario del Consejo de Seguridad.

En cuanto a la supuesta desproporción del operativo reitero que para la Jueza era poco lo que para este Tribunal es mucho. El cuadro comparativo de que hablé y que figura a fojas 1605 es elocuente. El 20 de diciembre de 2001 hubo 720 efectivos, y fueron 1120 los que puso el Jefe de Policía Giacomino en abril del 2002.

Se habla de que se reprimió a manifestantes pacíficos. Es absurdo ir contra el pacifico y hay que ser cuidadoso frente al violento. Si se trata de la libertad de expresión, la respeto en todos los casos. Un gobierno desea que no haya violencia. En la indagatoria pedí que me exhibieran ciertos documentos y declaraciones. Pido al Tribunal que los vea y analice. En mi declaración constan las fojas de la declaración de cada uno de los oficiales policiales que actuaron quienes describen lo imprevisto de la violencia y la sorpresa por la inusual agresividad encontrada. Se llega a la conclusión de que a partir de las 14 –hasta esa hora el panorama fue relativamente tranquilo- se produce un cambio de gente, un cambio en la composición de los grupos que manifestaban. Llegan ómnibus llenos de personas dispuestos al ataque y la provocación, como una misión determinada. No es la misma gente a la mañana que a la tarde. Lo afirman los testigos policiales.

Pero surge también de las declaraciones de un periodista y un médico del SAME. Gustavo Abu Arat (declaración del 28 diciembre 2001) es un periodista radial que describe crudamente la violencia policial. Es penoso lo que relata. Pero también describe la violencia de los manifestantes, origen de la pugna que en un mecanismo de acciones y reacciones lleva al resultado violento. Gustavo Alberto Flageat (declaró el 26 diciembre 2001) es el médico del SAME que atiende a Almirón en el primer momento. Relata lo difícil que fue llegar con la ambulancia, cómo la golpearon, el clima de agresividad existente.

A fs. 1594 hay un informe del Director de Contrainteligencia Comisario Horacio García, sobre todo lo ocurrido a las distintas horas. Consigna que a eso de las 16.30 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, un sector de manifestantes pidió a otros bajar las banderas y retirarse, unos lo hicieron pero otros se negaron suscitándose un conflicto sobre el que se debe indagar para determinar a qué llegó y cual fue su consecuencia.

Por otro lado pedí y no se ordenó una prueba fundamental, sobre cómo el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra pidió protección policial y escapó escondido en una ambulancia lo que demuestra que había un grave clima de peligro y violencia.

El cronista Abu Arab que es un buen observador, refiere que los manifestantes actuaban en 6 puntos y que la policía reprimía en 6 lugares a la vez lo que ocurrió durante 2 horas. Esto significa que hubo una pugna de ataque y contención. La Sala lo describe bien cuando habla de una verdadera batalla campal donde unos empujaban por ir a la plaza y otros se oponían. En otras palabras, no es que se cayera sobre la gente que estaba manifestándose pacíficamente, fue un episodio propio de la violencia que había en la calle. Esto no justifica para nada los excesos, entiéndaseme bien, lo que trato de demostrar es que no hubo un plan de parte del gobierno.

Así que en cuanto a los hechos, Excelentísimo Tribunal, resumo. A las 9 de la mañana, se desplaza a unas 100 personas detrás de la valla. El testigo Abu Arab lo describe. Se hizo mediante un cordón policial y paso a paso. No hubo ningún exceso ni tuvo carácter de represión. Hacia las 12 la señora Jueza Federal ordena:

“cesar la represión indiscriminada y excesiva que se estaba llevando a cabo con la caballería”. Ordena también el “desalojo del sector de la plaza aludida que está inmediatamente frente a la Casa de Gobierno, con el objeto de preservar la seguridad de la misma, debiendo instalar un vallado que delimitara dicho sector”.

Señala la señora Jueza en su resolución del 20 de diciembre, que se ha constituído en la Comisaría 2ª. El Comisario René Derecho (fs.390 vta.) dice que al monitorear los hechos por la televisión y ante el peligro de una alteración del orden superior a la normal, la magistrado lo autoriza “a intentar que esas personas se retiren del lugar”.

La orden se transmite por el “trunking” del Comisario, y figura en la desgrabación de las comunicaciones enviada por la Prefectura. De su análisis resultaría que esa orden se contrapuso a la del Jefe de Policía de las 14,15 ordenando el repliegue. Ahí se cruzaron las cosas. La policía en el campo acata, como es lógico, la orden de la Jueza instalada en ese momento en la Comisaría 2º para el desalojo total de la plaza y no la de repliegue del Comisario Santos. A las 17 también se ordena un repliegue y que los efectivos hagan solo “contención”.

Esta secuencia es de la mayor importancia y quiero resaltarla. ¿De dónde surge? Surge del sistema de registro de comunicaciones por el cual se graban todos los informes, órdenes, pedidos y consultas del personal policial. Las grabaciones y sus desgrabaciones están en el expediente. No se ha llamado bastante la atención sobre ellas pese a ser la relación inmediata de los sucesos y los comportamientos. Señalo al Tribunal que son 493 fojas con la desgrabación de 15 disketes realizada por la Prefectura Naval Argentina. Fueron acompañados el 15 de febrero de 2002 al señor Fiscal Federal en el expediente 508/01 de las actuaciones a su cargo, aunque parece no haberlas tenido en cuenta. De ello surge cuándo se ordenó el desalojo de la plaza por orden del Tribunal a las 11:25, cerca de las 12; cuándo se manda el repliegue por orden del Comisario Santos a las 14:30; cuándo se informa que la señora jueza federal, constituida en la Comisaría 2º, al ver las alternativas por la televisión, autoriza a “intentar que esas personas se retiren del lugar” (Comisario Derecho, fs.390 v.) o sea actuar contra los que agreden y que se desaloje toda la plaza; también se consigna la orden de contención y repliegue de las 17, de donde resultaría que no hubo una violencia policial permanente y brutal durante todo el día, fruto de un plan que no existió.

Hay algo que no está claro, algo incierto, un punto de duda que planteo en el escrito “Manifiesto”, una pregunta de la que no hay respuesta y que reitero aquí: si es la policía quien empuja a los manifestantes hacia atrás por las diagonales, o si son los propios manifestantes quienes se repliegan estratégicamente hacia la Av. 9 de julio. Saberlo es fundamental. Es en ese tenso desplazamiento hacia la Av. 9 de Julio y sobre todo al alcanzarla, que se producen los mayores choques. Hace falta examinar el curso de la acción.

Asimismo ver si, como se dice en varias declaraciones, los manifestantes se renovaban en sus frentes de choque o lo hacían por grupos con repliegues y avances sucesivos. Además, verificar cuál fue el efecto negativo de la policía desentrenada o cansada, que hizo afirmar que el experimento del COF (Comando Operativo Federal), no funcionó. La creación del COF trajo un fuerte cuestionamiento interno en la Policía y pudo reflejarse ese día en la calle. Su creación buscaba un fin práctico pero iba contra la tradición de cuerpos históricos, sumando la Infantería a la Montada y a Tránsito. Esto trajo desacuerdos y conflictos en la jerarquía policial y seguro ocasionó también indisciplina, problemas de organización, falta de entrenamiento con efecto de agotamiento en la acción, y otras situaciones difíciles.

Espero haber sido claro demostrando estas cosas. Pero hay otro punto. El Tribunal dice por ultimo y también el Fiscal de Cámara, que el Presidente “debía saberlo”, figura nueva del “derecho penal conjetural”. Entonces se impone la hipótesis, es imposible ignorar, nace el argumento de la ventana, cómo no se asomó a la ventana para ver. En realidad, lo de la ventana es periodístico, porque si uno puede asomarse por la ventana y ver algo en algún momento, no está todo el día frente a ella. Pero además en la Casa de Gobierno, y acompañé los planos, la ventana del despacho presidencial da a la Plaza Colón donde nada ocurría, y aun mirando nada se podía ver. Se supone que todo era hacia el otro lado. Pero tampoco en Plaza de Mayo ocurría nada, porque se habían producido los desplazamientos señalados. De modo que aun asomándome a la ventana o al famoso balcón, después de mediodía no hubiera podido ver que ocurrieran hechos graves.

Recién a las 16.30, después de mi mensaje de unidad y por un comentario en los pasillos, oí que la TV hablaba de muertes. Era lo peor que podía pasar y escuchar. El Secretario de Seguridad Dr. Mathov me acompañó a la Sala de Prensa donde dí ese Mensaje. Al llegar, casi a las 16, me comentó que al parecer los grupos ya se estaban retirando. Al desplazarse a la Avenida 9 de julio se creó la sensación de que la protesta se disolvía y el episodio terminaba.

Al concluir mi mensaje, sobre las 16.30, le pregunto sobre lo que acababa de oír de la versión televisiva sobre los muertos, “un momento”, dice, y se comunica con el Jefe de Policía y me transmite la respuesta negativa, no hay muertos. Después se supo que hubo. La información era imprecisa. Pudo ocurrir. El encargado del operativo, comisario Gaudiero (pido verificar su declaración, fs.413 y ss.), dice que se entera de que había un muerto por la propia Jueza, quien se lo informa (en realidad, ella lo tomó de la televisión), a última hora de la tarde.

¿Que explicación tiene esto? No es que la Policía fuera negligente sino que no podía llegar al lugar de los hechos por la hostilidad imperante. Quien sí podía era el SAME, pero sus ambulancias recogieron heridos que eran llevados al hospital. Ante la muerte la información es posterior, por eso le llega primero al Juzgado, pero siempre después del incidente de la herida y más bien tarde. Por eso se demora la confirmación oficial. Esta es la explicación a que llegué. Se pregunta ¿cómo ignorarlo, cómo no saber de inmediato si hay muertos, si los hechos ocurren en la calle y está la Policía? Sucede que la muerte es la desgraciada consecuencia que se da después. Se sabe que hay violencia en la calle, pero sus efectos se conocen más tarde. Esto explica que Gaudiero, fojas 799, el propio jefe o coordinador del operativo, diga que se entera por la Jueza de las muertes recién a eso de las 7 de la tarde.

El testigo Flageat (26 diciembre 2001), médico del SAME que sí puede llegar hasta el herido, dice que recogen a Almirón y lo llevan, grave pero con vida, al hospital, donde fallece. Esto ocurre a las 16,45, coincidente con el horario en que el Tribunal fija las muertes de tres personas en la Av. Nueve de Julio. Después habrá otra muerte a las 19. Otra persona fallece por el hecho de Av. De Mayo 701, en el Banco y Embajada de Israel, que no es del operativo de seguridad sino de la custodia del lugar. El homicidio de las 19 en torno al Obelisco es un hecho brutal pero ajeno también al operativo. Habría sido cometido por personal de control interno o de integridad de la Policía Federal. Su Jefe el Comisario Inspector Zoratto manda a su gente a ver cómo se está portando la policía. Esa es su función, van a ver como se portan los otros. De ellos se forma el abanico de autos en torno al Obelisco que dispara y produce la muerte de Márquez y la herida de Galli. Por lo tanto, esto no proviene de una provocación de la policía afectada al operativo de seguridad ni es un crimen por el apasionamiento de la lucha. No tiene explicación. Pero no es de la policía actuante, no se vincula al operativo. Es un hecho doloso que como tal sólo puede atribuirse al autor. No puede ser atribuido a titulo de culpa a la autoridad gubernativa, judicial o policial porque no ocurre en razón del dispositivo ni de instrucciones ni de nada, sino porque personal que debía cuidar la integridad policial actúa contra toda ley, y mata.

Ante ese efecto letal debido al dolo del causante, si se pregunta quiénes debían saberlo, si el Presidente u otra autoridad “debían saberlo” para impedirlo, se llega al absurdo de un camino sin llegada. Si se dice que el Presidente lo debía saber todo, debían “saberlo” también el Jefe de Policía, el Secretario Mathov, el Ministro Mestre, el Jefe de Gabinete, recién el Presidente y también la Sra. Jueza que preocupada por los hechos venía actuando en ejercicio de su función. Ella ordenó parar la represión y pudo parar la represión otra vez porque la ley le impone hacer cesar los efectos del delito.

Para delimitar bien el campo en que nos desenvolvemos, en realidad había una verdadera judicialización del problema, es decir, la situación estaba más bajo control judicial que bajo control político. Cuando a la mañana del 20 la Sra. Jueza, con natural preocupación, va a la Plaza de Mayo, continúa lo que había emprendido el día anterior cuando, en previsión de que algo ocurriera, va a la Jefatura de Policía donde habla con autoridades policiales (no con el Jefe ni con el Gobierno) y permanece hasta las 12 de la noche. Vuelve a Jefatura a la una de la mañana retirándose a las 3. Llega a la Plaza de Mayo a las 11,25 donde, como consta en la resolución inicial de la causa del mismo día 20, ordena que cese la represión y se desaloje la Plaza. Más tarde se constituye en la Comisaría 2ª donde imparte órdenes como se registra a las 14, para que se intente hacer retirar a grupos agresivos para evitar alteraciones anormales. Recibo como Presidente un oficio a las 18 (la hora impresa del fax del Juzgado es 17:56) en el que hace referencia a acontecimientos inmediatamente anteriores y se refiere al mensaje presidencial que terminó a las 16:30 diciendo:

“en el marco de la pacificación a que el Presidente convocó, le pediré que me informe las personas que se hallan a cargo de dirigir esos procedimientos y la norma que diera motivo a desobedecer mis órdenes”.

Quiere decir que estaba impartiendo órdenes como parte de un activo y responsable ejercicio de la función jurisdiccional. No es arbitrario lo que digo. El propio auto del Tribunal hace constar:

“Asimismo que la proveyente se ha constituido en la Comisaría 2º de la Policía Federal Argentina a cargo de la prevención de la causa en cuestión y que ha ordenado diferentes medidas de pruebas y el cese inmediato de la represión indiscriminada que se venía desarrollando en el lugar de los hechos”.

¿Qué “debía saber” el Presidente? No fue informado de las órdenes o disposiciones de la señora Jueza, que no se comunicó con el Gobierno. ¿ Qué debía saber la señora Jueza que estaba mirando el canal 4 policial en la Comisaría, y que haciéndolo muy bien, ordenó el cese de la represión? Seguro nadie puede reprochar al Presidente ni a ningún miembro de su Gobierno haber ordenado que no le hicieran caso a la señora Jueza. El Comisario Gauderio para perjudicar a Santos le atribuye haber dicho que el estado de sitio está por arriba de la justicia. De ser cierta sería una declaración impropia. No tendría sentido frente a que las órdenes de replegarse del Jefe de Policía no fueron acatadas sino que con toda razón se obedeció a la señora Jueza. Significaría también que hubo órdenes del Tribunal a las que Gauderio quiere oponer la expresión del Jefe de Policía. Y en definitiva, esto careció de efecto, porque no fueron las órdenes del Jefe las que prevalecieron sino las del Tribunal, como lo demuestra la libertad inmediata de todos los detenidos.

Ante la orden judicial, ¿cuál es la situación de un funcionario o de un gobernante? Hay que acatar lo que dicen los jueces. Un Juez puede comprometerse o involucrarse más que otros, no se define el límite, no se sabe la medida de su actuación, sólo que siempre se debe obedecer al juez por imperio de la norma penal que sanciona la desobediencia y la ley policial que manda acatar las órdenes de los jueces y fiscales. Los criterios y alcance son diversos, como recuerdo en mi escrito “Manifiesto”.

El doctor Cavallo, como juez federal, cuando los sucesos del Congreso a principios del año 2000 aguardó en su despacho la información. El Juez Valeriano Russo de San Nicolás fue quien decidió cuando disparar o no la policía y varios rehenes murieron. El Juez Cornejo de Salta, cuando los piquetes cortaban la ruta iba personalmente y resolvía el momento de actuar la Gendarmería, previo agotar las negociaciones. El Fiscal Federal doctor Sica estuvo a cargo de un procedimiento en que ordenó disparar al auto de los secuestradores de Axel Blumberg a quien después ejecutaron.

De modo que son distintos grados de ejercicio de la autoridad. La ley no los fija y gobernantes, funcionarios o policías deben acatar y no tienen más alternativa que obedecer lo que los Jueces dispongan. Resalto que la señora Jueza actuó con natural preocupación y responsabilidad, su accionar es legítimo y lejos de cuestionarlo sostengo que de ninguna manera puede hablarse de una falta o una infracción. Nada absolutamente cabe reprocharle. Lo único que quiero explicar es la posición del Estado. Éste actúa a través del Gobierno por medio del Ministro del Interior, y a través del Tribunal y la Justicia que también actúan.

La señora Jueza lo hace directamente, en relación directa con los estamentos policiales, sin comunicación con el Gobierno. Ella habla con el Jefe de Operaciones Gauderio, con el Comisario Palacios (a quien el gobierno de Kirchner acaba de pasar a retiro) que actuó sobre la Montada, con el Comisario René Derecho titular de la Comisaría 2ª. Pero no habló con el Gobierno (salvo cuando la llamó el Ministro de Justicia a las 11:30). Tampoco habló con el Jefe de Policía.

Por eso, como Presidente me sorprendo al recibir el oficio enviado a las 17:56 donde pregunta quién ha ordenado desobedecer sus órdenes, porque de ninguna manera el gobierno ha desobedecido sus órdenes ni dispuesto que las desobedezcan. Cuando ella dice con razón que exige que sus órdenes sean cumplidas sin que ningún extraño se inmiscuya, quiere decir que siguió dando órdenes desde la mañana y en especial cuando se constituyó en la Comisaría 2º. La convocatoria a la paz y a la unidad que formulé como Presidente y a la que alude en su Oficio empezó a las 16:10 terminando a las 16:30. El oficio sale por fax a las 17:56 según imprime la máquina en la copia agregada y llega poco después de las 18. Significa que entre mi mensaje y el fax el Tribunal siguió actuando.

Frente a los hechos, cuando se imputa culpa al Presidente, se ve que en realidad no estuvo al frente de ellos. No sólo que la gestión específica estaba a cargo del Ministro Mestre como lo dice él mismo en su escrito, sino que mediaba la actuación de un tribunal y hubo órdenes judiciales. Se habla como si hubiéramos estado todo el día ahí, al frente de todo. ¿Quién estaba realmente al frente? No es que el gobierno se desentienda, no se desentiende, pero en el plano político. Renuncié por los hechos que ocurrían. No vengo a imputar responsabilidades contra nadie. Pero quiero explicar que no había un plan del gobierno ni decisiones perversas para pegarle a la gente y reprimir opresivamente. Así quedarán sin sustento las murmuraciones de las cuales resultan todas estas cosas.

Por eso si le agregamos a esto cuál es la posición funcional del Presidente, la aplicación de las leyes vigentes, la ley 18711 de funciones y jurisdicción de las fuerzas de seguridad donde dice: la Policía Federal depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, función delegada, pero agregando además: y de los jueces en los casos concretos. ¿Si hay conflicto a quién se obedece? Seguro que un miembro de las fuerzas de seguridad obedecerá al juez. Lo confirma ese oficio del Tribunal. Hay que ver también la ley 21965 Orgánica de la Policía Federal que dice que la Policía depende el Ministro del Interior. Además, como Presidente había delegado en el Ministro del Interior la Presidencia del Consejo de Seguridad. Está por fin la ley 24059 de Seguridad Interior. Por eso expliqué que quien ordenó que actuara la Policía Federal no fue el Presidente, ni tampoco el Ministro, sino la Ley que dice que en casos relativos al orden en la ciudad de Buenos Aires debe actuar la Policía Federal. Para hacer que la Ley no se cumpla, para impedir que rija, habría que dictar un acto ilegal o cambiarla.

¿Quién se ocupó de esta materia? El ministro del Interior dice en su informe que él se ocupaba personalmente de esto. Es bien claro y lo ratifica el Sr. Colombo quien también estaba en funciones de Jefe de Gabinete. El Presidente no se desentiende, confía, están el Jefe de Gabinete y el Ministro. El Ministro en cierto momento informó que los manifestantes se habían desplazado y al parecer se retiraban. Cuando vino la jueza a la Plaza se cumplió lo que ella dispuso. No había un hecho grave, notable, inminente y evitable, que justificara la intervención directa del Presidente. Solo al final, cuando parecía que todo había terminado, se producen esas trágicas muertes.

Hay testigos que describen la situación general en la Avenida 9 de Julio como tranquila al principio y luego con algunos choques entre grupos menores. Piénsese que la ciudad es la más grande del país. En los sucesos estuvieron manifestando o actuando unas 1200 personas. Quedará para la historia cómo con 1200 personas se tumba a un gobierno, gobierno que no quiso usar la fuerza para quedarse, un gobierno que respetó los derechos y quiere que se actúe dentro de la ley. Bien, el Ministro fue quien se ocupó, y resalto su compromiso y patriotismo. Pero para atender la situación tenía que decidir con la Justicia. ¿Quién la gobernaba más, el gobierno a través del Ministro del Interior, o el Tribunal, el Poder Judicial, a través de la Jueza? Quizás llegó a ser algo compartido en la preocupación, un acto de responsabilidad de uno y de otro, porque ninguno de los dos quería el desorden y frente a esa situación querían obrar de la mejor manera.

Me han reprochado que no se aplica el principio de confianza porque no debí confiar en la Policía, pero pido que se conteste: cuando la Jueza va, ordena desalojar la plaza, no le dice a la policía que se vaya, que no la quiere, que traigan otra. Usa la misma policía a la que le da las órdenes. Entonces, ¿ podía confiar la Jueza y debía no confiar el Presidente que tenía que respetar la ley, porque era por el imperio de la ley que la policía estaba ahí? Lo digo para esclarecer esta circunstancia.

Quiere hacer una breve referencia a lo jurídico, Excelentísimo Tribunal, para concluir. El problema del principio de confianza lo expusimos ampliamente en el recurso extraordinario y en la queja ante la Corte Suprema, ambos escritos acompañados en este acto. Pienso que la situación quedó superada después de la falta de mérito del policía Orgeira en el asunto Cárdenas y las pericias de la Gendarmería y la Policía Federal. El fiscal puede decir que se sigue averiguando, pero si algo sigue incierto todavía hoy, a casi tres años, para la Justicia, cómo decir que podía ser cierto para el gobierno aquel episodio confuso, tanto como para que el Presidente se levantara diciendo ni se les ocurra usar la policía? Lo deseable es que no ocurrieran las manifestaciones, que no se pensaba que ocurrirían, y de hecho la Policía no hubiera tenido que actuar de ninguna manera.

Si a la inversa, aplicando el criterio de desconfianza, alguien resolvía no usarla y le prohibía actuar, al no contar tampoco con la Gendarmería ya que el propio Tribunal dijo que no se la podía usar por lo ocurrido en Corrientes ¿qué quedaba?. Quizás la Prefectura, pero no está preparada para actuar en las ciudades, ellos saben de mares y de ríos y andan en barcos o lanchas. Las Fuerzas Armadas está prohibido emplearlas en problemas de orden interior. ¿Qué hubieran dicho si el Gobierno ordenaba: “Váyanse todos”, y dejaba la ciudad inerme, a disposición de quien quisiera apropiarse de ella? Ahí sí se habría dado el incumplimiento de los deberes de funcionario público, de lo que corresponde a un gobierno, y además lo habría hecho en violación a la ley.

Es claro entonces que el Presidente y el Gobierno obraron conforme a su deber. Los hechos delictivos ocurridos, cómo hayan sido y se demuestre cómo fueron, son dolosos. El exceso de un policía por dolo, si golpea, dispara, hiere o mata, es un acto individual donde se aplica el principio de la culpabilidad por dolo directo. En ninguna parte la ley lo autoriza. Pero no hay figura culposa ante el delito doloso. Aún cuando el Presidente hubiera sido quien dijo que vaya y actúe la policía y dado instrucciones para el caso y dispuesto un plan de acción, frente al delito doloso no podría reprochársele culpa. Aquí o hay coautoría o no hay culpa.

Coautores eran los dictadores que manipulaban el delito, como Hitler con la limpieza étnica, o Stalin con sus purgas de ingeniería social. Pero no acá. El mío era un gobierno democrático, el mío era un gobierno de la ley y el orden. No me levanté un día a decir “vamos a masacrar”. Ocurrieron desbordes en el plano político y renuncié, pero en el plano estrictamente legal y de la realidad de los hechos, esto era así, no infringí ninguna ley, menos la ley penal.

Se habla de autoría mediata, lo que es cometer el hecho por medio de otro. Jakobs (y vea vuestra Excelencia que estudié la cuestión) habla de coautoría. Roxin, de autoría mediata. Y así todos los autores, con variantes en el nombre, tiene una sola conclusión en lo concreto. Es que no hay caso de cometer el hecho por medio de otro si no hubo decisión de lesionar o matar.

Otros argumentan que el Presidente era el garante. Bueno... ¿quién era el garante? ¿Todo el gobierno, todo el poder judicial, el Presidente solo?. Sería una responsabilidad objetiva, inadmisible en derecho penal, pero no una omisión porque seguía el doctor Mestre como Ministro del Interior a cargo y estaba actuando la Jueza, o sea que el Estado como tal no estuvo ausente. Estaban el Ministro del Interior, estaba el Tribunal. Acá ha ocurrido sin duda una desgracia y si hubo excesos policiales no deseados en el terreno, hay que verlo y averiguarlo, para verificar los comportamientos dolosos. Corresponde averiguar también quién planificó la provocación y trajo la violencia para sus oscuros designios.

La Sala resuelve la situación del Comisario Zoratto, Jefe de Control de Integridad Policial quien mandó a sus subordinados a controlar la actuación de la policía. Pero según parece (no logré que me exhibieran el video) tres vehículos de su grupo se forman en abanico y de allí disparan y matan a Márquez y hieren a Galli. La Cámara dice que Zoratto no tiene nada que ver, podía confiar en su gente. Él sí, pero el Jefe no, el Presidente no. Es decir, hay relaciones de confianza admitidas y otras negadas. Según la Sala no se justifica que Mathov reuniera a los jefes de seguridad para decirles que cumplan la ley porque eso ya lo saben: tienen que cumplir la ley. El concepto afirma en el Tribunal una relación de confianza hacia las fuerzas de seguridad, incluída la Policía, basada en la ley. Igual que el Gobierno o el Tribunal de primera instancia.

Hay que tener en cuenta lo que dice Roxin sobre las soluciones arbitrarias que puedan significar una capitulación del ordenamiento jurídico. El actuar doloso es siempre obrar bajo la propia responsabilidad del agente y, no mediando las condiciones propias de la participación criminal, esa autoresponsabilidad que lo caracteriza restringe la posibilidad de imputar a otro a título de imprudencia las consecuencias del acto.

El dominio del hecho sin duda no lo tenía el presidente. Ni ordenó ni supo ni debía saber lo que estaba ocurriendo en la Av. 9 de Julio donde hubo sitios concretos de violencia. Claro, eso sí, ¿cómo no saber, en una noción general, que había en la ciudad una situación de manifestaciones y violencia, aun ignorando su intensidad o los grados de la actuación policial?. Todos lo sabíamos, pero no las situaciones particulares, ni se preveía que pudieran ocurrir hechos tan graves. El Presidente no sabía, no conocía, no ví, qué pasó en la Av. 9 de Julio, como que nadie vio concretamente cómo se produjeron esos lamentados fallecimientos cuyo origen, causa y forma aún se trata de averiguar. Claro que tampoco vi, después de haberme retirado (hora19) y nadie pudo imaginar que ocurriera, después de mi renuncia, el crimen atribuído a Control de Integridad Policial en el Obelisco, después de las 19. La verdad no lo he visto, como tampoco otros miembros del Gobierno. Incluso, no lo pude ver todavía porque pedí a la señora jueza que me lo exhiba y no funcionaba la videocasetera, igual que le pedí ver las pericias y tampoco pudo porque están en este Tribunal. En ese sentido me siento perjudicado y restringida mi defensa por que he querido ver y saber y no pude acceder al conocimiento de todo.

El Tribunal ha fundado también mi supuesta responsabilidad en la magnitud de los acontecimientos. Esto hace derivar responsabilidades que surgen de otro razonamiento. En el escrito que acompañé en la indagatoria, comparo los sucesos del 20 con la magnitud de los episodios de Avellaneda, porque la comparación es necesaria sobre todo frente al distinto trato judicial.

Sin entrar a la detallada descripción de los sucesos ahí sí hubo un plan, una específica decisión centralizada, ausente en los hechos del 20 de diciembre. El señor Attanasof como Jefe de Gabinete dijo a la prensa refiriéndose a los “piqueteros”: “no los vamos a dejar pasar”. Nadie en mi Gobierno dijo nunca semejante cosa. Por la decisión de “no dejarlos pasar”, coordinada la acción de las policías de la Provincia y Federal y de la Prefectura, se produjeron las muertes de Kostecky y Santillán. Ahí están sus familiares y compañeros todavía reclamando que se busque a los responsables políticos. Sin embargo esa causa languidece en una Jueza Provincial de Lomas de Zamora sin que se moleste ni se cite a nadie que haya pertenecido al gobierno nacional o provincial, y nada más se supo de la Comisión Investigadora creada por el Presidente Kirchner.

Al haberlo manifestado en mi indagatoria, eso consta en el expediente, así que yo he pedido que los fiscales actúen e informen para no incurrir en incumplimiento de sus deberes. Reclamo por lo menos un trato igualitario y que se traiga esa causa como prueba para comparar y que haya paridad en el trato aplicando el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución y no seamos sólo mi gobierno y yo las víctimas propiciatorias de esta persecución cuando hay otras situaciones similares pero de trato diferente. Igual pasa en las provincias cuyos muertos me sumó irresponsablemente cierta prensa, atribuyéndome 27, 28 o 30 muertos. En realidad, lamentablemente hubo 7 en Santa Fe; 8, en Buenos. Aires, y varios en otras provincias. Pero eso sí, ni Reutemann ni Ruckauf, ni otros gobernadores o funcionarios, fueron siquiera llamados o imputados.

Aquí estoy, presentándome ante Vuestra Excelencia. Lo hago lealmente. Quiero dar la cara y ver el rostro de mis jueces. No vengo a hacer acusaciones, ni traigo un discurso de resonancias políticas. He querido decir mi verdad, esta verdad que creo clara. La que manifiesto ante el Tribunal y ante la Historia. Como hombre de derecho, como hombre de la democracia, vengo a exponer mi situación personal y la de mi Gobierno, y a pedir que por estas razones, que a veces no son las que resaltan en la lectura rápida de un expediente o el examen ligero de la causa pero van a su contenido más profundo, se ratifique la falta de mérito dictada por la señora Jueza Federal.

Pido tener en cuenta la existencia de un complot, la desaparición del elemento invocado para no aplicar el principio de confianza, mis propias y objetivas manifestaciones sobre el grado de conocimiento de los hechos y la ausencia de un plan preordenado. Y también, me permito agregar, el grado de involucramiento del propio Poder Judicial que por un acto de responsabilidad espontánea y de compromiso para evitar excesos de la señora magistrada interviniente, tuvo decisiva participación en los sucesos, en actos de prevención, investigación y decisión.

Esto último muestra cómo se dieron dos planos, el policial, quizás con gestiones parciales del Ministro del Interior, y el del Tribunal, que impartió órdenes sin comunicarse con el Gobierno. La señora Jueza no hablaba con el Gobierno y se ve que el Gobierno no hablaba con la Jueza quien no le transmitía sus órdenes siquiera a través de su Ministro, sino que lo hacía directamente a los comisarios, Gaudiero, Palacios, Derecho u otros, y que cada uno cumplía de la mejor manera, con leal acatamiento a la Justicia, que tuvo un rol decisivo de control y decisión. El Juzgado apreció la gravedad de los hechos y quiso encauzarlos, evitar excesos, recuperar el orden, evitar o hacer cesar delitos, prodigándose en significativo esfuerzo.

Seguramente de haber tenido el Gobierno información judicial de la situación y de las situaciones puntuales y graves, que en vez de disolverse la manifestación se avecinaban choques más violentos, de haber tenido comunicación directa con la señora Jueza a lo largo del día, si hubiera estado en línea con el Ministro, se habría podido contribuir con ella para una acción en conjunto, para evitar el daño, para parar la acción, como esa orden de repliegue y contención de las 17. Pero es claro que ni en el Juzgado ni en el Gobierno, nadie imaginó que se iba a dar un choque tan duro de las características que finalmente tuvo.

A primera hora de la tarde, a eso de la hora 16, en la Av. 9 de Julio había muy pocas personas, la gente estaba parada, pacífica según cuentan. Por eso las tres muertes en ese tiempo y esa zona son inexplicables. Se afirma que no habrían sido resultado de un choque con la policía. Es cierto que en otros lugares hubo corridas. Que hay un conflicto entre manifestantes que ordenan retirarse mientras otros se quedan. Que se incendian negocios y vehículos y se causan destrozos. ¿Quién los quería? A lo mejor algunos de los que operaban con walkie-talkies en la manifestación (ver la causa del Dr. Oyarbide). Sin que eso justifique los excesos policiales hay que investigar quienes trajeron la violencia. Ante el doctor Oyarbide está probado que quienes fueron atendidos en el hospital Argerích tenían instrucciones de cómo proceder y habían recibido dinero por venir. No sorprende, no es la primera vez que pasa. Pero es fundamental saber cómo fue todo.

Pido a VE que éste proceso permita resolver de manera objetiva y justa mi situación personal y que a la vez, mientras llega la verdad completa, contribuya a saber cómo fueron realmente esos tristes episodios que marcaron un momento dramático de la historia nacional.

Muchas gracias.

Dr. Fernando De la Rúa